El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) informó que durante septiembre se registraron al menos 212 acciones represivas contra la población civil en Cuba, incluidas 39 detenciones arbitrarias, reflejando un incremento de la violencia estatal y la penalización de la libertad de expresión.

Según el reporte de la ONG, desde enero se contabilizan 2.462 acciones represivas en todo el país, de las cuales 461 corresponden a detenciones arbitrarias. “En septiembre, el régimen cubano profundizó la penalización de la libertad de expresión en redes sociales y en la manifestación pacífica”, señaló el OCDH en un informe enviado a medios internacionales.

El mes pasado, la mayoría de las detenciones de corta duración —27 en total— estuvieron vinculadas con una manifestación pacífica en Gibara, Holguín, ocurrida el 13 de septiembre. Los vecinos salieron a las calles con reclamos como: “¡Corriente y comida!”, “¡El pueblo unido jamás será vencido!” y “¡Libertad, libertad!”.

“Hemos vivido un mes negro para la libertad de expresión debido a las condenas y juicios arbitrarios. El régimen busca infundir terror ante su fracaso socioeconómico y su incapacidad para ofrecer soluciones”, agregó la ONG.

Entre las principales violaciones documentadas se incluyen allanamientos a residencias de activistas, juicios sin garantías, abusos contra presos y hostigamientos, con 38 denuncias presentadas por presos políticos, presos comunes y familiares. Las provincias con mayor cantidad de acciones represivas fueron La Habana, Holguín y Granma.

El informe destaca casos emblemáticos de criminalización de la protesta y la expresión. Ana Ibis Trista Padilla y Jarol Varona Agüero fueron condenados a 14 y 13 años de cárcel, respectivamente, por “propaganda contra el orden constitucional” y “otros actos contra la seguridad del Estado”. De manera similar, Félix Daniel Pérez Ruiz recibió cinco años y Cristhian de Jesús Peña Aguilera cuatro años, únicamente por compartir en redes la convocatoria a una manifestación pacífica que finalmente no se realizó.

En Bayamo, el Tribunal Municipal impuso penas de entre tres y nueve años a 15 ciudadanos por su participación en las protestas del 17 de marzo de 2024, bajo acusaciones de “desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, desobediencia e instigación a delinquir”.

Otro caso destacado fue el del intelectual José Gabriel Barrenechea Chávez, detenido injustamente desde noviembre de 2024 y sometido a juicio en septiembre. También se reportó la condena de Julio César Duque de Estrada Ferrer, de 56 años, a cuatro años y seis meses de prisión por supuestos delitos de “desobediencia” y “atentado” tras filmar con su celular una fila para comprar gas licuado en Santiago de Cuba.

El OCDH calificó todos estos procesos como “actuaciones arbitrarias”, subrayando que el uso de la fuerza por parte de oficiales de la contrainteligencia y militares fue desproporcionado y carente de base legal. “Las fuerzas militares no deben intervenir en seguridad pública salvo en circunstancias excepcionales y claramente definidas”, enfatizó la organización.

El balance de septiembre evidencia un patrón sistemático de represión en Cuba, donde la criminalización de la protesta pacífica y la censura de la libertad de expresión se mantienen como herramientas del régimen para consolidar su control frente al descontento social.

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