El Tribunal Provincial Popular de La Habana dictó sentencias severas de entre 15 y 20 años de prisión para tres ciudadanos involucrados en el tráfico de cocaína, en lo que se califica como un juicio “ejemplarizante”. Este proceso judicial, desarrollado en la Sala de los delitos contra la seguridad del Estado, incluyó una exhaustiva presentación de pruebas periciales, documentales y testimoniales, que demostraron la culpabilidad de los acusados en la distribución interprovincial de drogas con fines de lucro ilícito.

El fallo contempla no solo penas de privación de libertad, sino también la imposición de medidas accesorias previstas en el artículo 151 del Código Penal. Estas incluyen la inhabilitación de derechos públicos, la prohibición de salida del país y el decomiso de bienes relacionados con el delito. El Ministerio del Interior reafirmó que este proceso forma parte de su política de “tolerancia cero contra las drogas”, destacando que su objetivo es proteger la estabilidad social y la seguridad de los ciudadanos.

“Este juicio se convierte en una advertencia clara y contundente para quienes intenten introducir o comercializar sustancias ilícitas en Cuba.”

En paralelo a este caso, las autoridades reconocen un preocupante aumento en el consumo y tráfico de drogas en todo el país, especialmente en La Habana. Según el coronel Héctor Ernesto González Hernández, del órgano antidroga del MININT, se han identificado 74 “ambientes complejos” en la capital, donde el comercio y uso de sustancias ilícitas se ha vuelto más frecuente, debido al poder adquisitivo de ciertos sectores y la creciente demanda.

“La Habana se ha convertido en el epicentro del desafío antidrogas, donde la lucha institucional se enfrenta a redes bien organizadas y métodos de contrabando cada vez más sofisticados.”

Las drogas llegan a Cuba, en su mayoría, desde México y Estados Unidos. Entre enero y mayo de 2025, se han realizado operativos semanales que han permitido el decomiso de unos 20 kilogramos de diversas drogas —como metanfetamina, marihuana y cocaína— y la apertura de más de 800 causas penales, con 342 personas ya procesadas, la mayoría bajo prisión preventiva.

Las autoridades insisten en que la respuesta a esta problemática requiere una combinación de medidas penales, programas de prevención comunitaria, campañas educativas y atención médica. No obstante, admiten que mientras exista demanda, el desafío del narcotráfico seguirá vigente, obligando a reforzar las estrategias de combate integral en todo el país.

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