Un tribunal de la provincia de Ciego de Ávila dictó una sentencia de 20 años de privación de libertad contra un ciudadano cubano acusado de cultivar marihuana, en lo que las autoridades han calificado como un juicio ejemplarizante que reafirma la política de “tolerancia cero” del régimen frente a los delitos relacionados con drogas.

El proceso judicial, de carácter oral y público, también sancionó a un segundo implicado con tres años de prisión por conocer del hecho ilícito y no haberlo denunciado oportunamente a las autoridades. Ambos condenados fueron inhabilitados además para ejercer derechos públicos y salir del país, y se ordenó el decomiso de los medios empleados en el cultivo ilegal.

A diferencia de otros juicios recientes centrados en el consumo o tráfico de drogas, este caso se centró específicamente en la producción de marihuana, un delito que en Cuba sigue siendo severamente penalizado.

El Tribunal Provincial Popular de Ciego de Ávila valoró los elementos probatorios y escuchó los argumentos de las partes antes de emitir su fallo. La Fiscalía y los acusados tienen ahora la posibilidad de presentar un recurso de casación ante instancias superiores.

Durante el juicio, además de familiares de los implicados, estuvieron presentes estudiantes de enseñanza media como parte de una estrategia de “prevención legal”, promovida por el tribunal para reforzar entre los jóvenes el conocimiento del sistema judicial cubano y sus sanciones ante conductas tipificadas como delictivas.

Las autoridades aprovecharon la ocasión para destacar que este tipo de procesos se inserta en el “tercer ejercicio nacional” que desarrolla el país para combatir delitos, hechos de corrupción, ilegalidades y otras conductas consideradas incompatibles con el modelo social defendido por el régimen.

La política antidrogas en Cuba ha sido históricamente inflexible y los tribunales suelen imponer sanciones severas como forma de disuasión, tanto a nivel nacional como internacional.

En este sentido, el juicio se presentó no solo como una acción judicial, sino también como un mensaje político de reafirmación de los principios ideológicos del Estado cubano. 

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