Cuba vivirá este lunes una de las jornadas más complejas en materia energética de los últimos años. La estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé que en el horario de mayor demanda quedará desconectado simultáneamente cerca del 64 % del país, lo que marcaría un nuevo récord en afectaciones del servicio.

De acuerdo con los datos oficiales, en el pico de la tarde-noche la capacidad de generación será de apenas 1.185 megavatios (MW), frente a una demanda estimada de 3.180 MW. Esto provocará un déficit de 1.995 MW y una afectación planificada de 2.025 MW para evitar apagones desordenados en el sistema.

El precedente más cercano ocurrió el pasado 30 de enero, cuando el máximo corte dejó sin electricidad al 63 % del territorio nacional. Sin embargo, la situación actual confirma el agravamiento sostenido de una crisis que se arrastra desde mediados de 2024.

En amplias zonas del país ya se han generalizado cortes que superan las 20 horas diarias, afectando tanto al sector residencial como a la actividad económica. La paralización de industrias, comercios y servicios básicos profundiza el deterioro de una economía que, según cifras oficiales, se ha contraído más de un 15 % desde 2020.

Actualmente, ocho de las 16 unidades termoeléctricas operativas permanecen fuera de servicio por averías o mantenimientos. Las termoeléctricas aportan alrededor del 40 % del mix energético nacional y funcionan mayoritariamente con crudo nacional. No obstante, la obsolescencia de estas plantas —con décadas de explotación y escasas inversiones en mantenimiento— limita severamente su estabilidad.

Otro 40 % de la generación corresponde a la llamada generación distribuida, basada en motores alimentados con diésel y fueloil. Este segmento permanece prácticamente paralizado desde enero por la falta de combustible, situación que el propio Gobierno ha reconocido.

Las autoridades atribuyen el agravamiento de la crisis al endurecimiento de las sanciones estadounidenses y a las restricciones para la importación de combustibles. Desde el oficialismo se habla de “asfixia energética” para describir el impacto externo en el sistema. Sin embargo, expertos independientes señalan que el problema responde en su mayor medida a una infrafinanciación estructural del sector eléctrico, que permanece bajo control estatal desde 1959.

Diversos cálculos estiman que serían necesarios entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para modernizar y estabilizar el sistema eléctrico nacional, una cifra difícil de asumir en el actual contexto financiero del país.

Los apagones prolongados no solo afectan la calidad de vida de la población, sino que han sido detonante de protestas sociales en los últimos años. La falta de electricidad impacta directamente en el suministro de agua, la conservación de alimentos, el transporte y los servicios hospitalarios.

Fuente: EFE

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