El municipio de La Lisa, en La Habana, amaneció este domingo entre rumores y desmentidos tras circular la versión de que Yoamel Acosta Morales, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular y diputado del Parlamento cubano, había sido arrestado por un presunto desfalco de motos eléctricas.

El medio independiente La Tijera fue el primero en divulgar la noticia, asegurando en su página de Facebook que Acosta Morales estaba bajo investigación por la desaparición de unas veinte motos eléctricas que debían entregarse a entidades estatales del municipio. Según la publicación, el funcionario ya contaba con antecedentes por manejos irregulares de recursos del Estado.

Horas después, la Asamblea Municipal de La Lisa emitió un comunicado oficial —también en redes sociales— para negar categóricamente la información, calificándola de “totalmente falsa”. En el texto, las autoridades locales aseguraron que el dirigente “continúa ejerciendo sus funciones con total compromiso y transparencia”, una fórmula habitual en los comunicados del gobierno cubano.

El documento insistió en que “no existe evidencia alguna que respalde las acusaciones” y pidió a la ciudadanía informarse únicamente por los canales oficiales, frase que muchos interpretaron como una advertencia contra la circulación de versiones alternativas.

Para reforzar la imagen de normalidad, el comunicado destacó que Acosta Morales se encuentra liderando acciones de limpieza y atención a barrios vulnerables, un intento de presentarlo como un funcionario activo en medio del escándalo.

Sin embargo, no existen pruebas independientes que confirmen ni la denuncia de La Tijera ni la negación de la Asamblea. Tampoco se han pronunciado el Partido Comunista ni el gobierno provincial de La Habana, lo que ha alimentado aún más la desconfianza popular.

En redes sociales, la reacción fue inmediata: mientras algunos usuarios pidieron cautela y verificación, otros exigieron mayor transparencia frente a lo que consideran un nuevo intento del régimen por encubrir la corrupción interna.

Los casos de desfalcos y manejos ilícitos dentro de las estructuras estatales no son novedad en Cuba. En los últimos meses, distintos informes han revelado episodios de corrupción en varias provincias: desde un fraude millonario en el comercio del carbón en Mayabeque hasta la condena de una funcionaria a 15 años de prisión por delitos económicos en La Habana.

En Sancti Spíritus, cinco directivos fueron sancionados por irregularidades en la gestión pública, aunque el caso se resolvió con simples “medidas administrativas”, sin procesos judiciales formales.

Para muchos ciudadanos, estos episodios reflejan un patrón de impunidad estructural: los escándalos se manejan con comunicados oficiales y promesas de control, mientras la corrupción continúa filtrándose por todos los niveles de gobierno.

El caso de La Lisa parece seguir ese mismo libreto. Entre rumores de desfalco, desmentidos apresurados y silencios oficiales, el suceso se convierte en otro ejemplo del vacío informativo que domina la vida pública cubana, donde la verdad suele quedar atrapada entre el secretismo estatal y la censura mediática.

En un país donde el acceso a la información sigue restringido, la historia de Yoamel Acosta Morales resume el dilema cotidiano del cubano común: creer en el rumor o en el comunicado, cuando ninguno de los dos ofrece plena confianza.

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