Una ola de indignación sacude al estado de Florida tras revelarse que Leo Joseph Govoni, fundador de una organización sin fines de lucro, y su contador, John Leo Witeck, habrían robado más de 100 millones de dólares destinados a beneficiar a personas con discapacidades.

El caso, descrito como “inconcebible” por el fiscal federal Gregory W. Kehoe, genera un fuerte rechazo público debido a la gravedad del crimen y la vulnerabilidad de las víctimas.

Los acusados dirigían el Center for Special Needs Trust Administration (CSNT), una organización fundada en el año 2000 con el propósito de administrar fondos de fideicomisos especiales. Estos fideicomisos permiten que personas con discapacidades mantengan el acceso a beneficios como Medicaid o el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), incluso si han recibido indemnizaciones judiciales. Irónicamente, la entidad creada para proteger sus intereses terminó siendo la que los traicionó.

De acuerdo con la acusación del gran jurado federal, entre los años 2009 y 2024, Govoni y Witeck desviaron sistemáticamente dinero de estos fondos. Para sostener su esquema, utilizaban nuevos depósitos de clientes para cubrir las solicitudes de retiros de otros beneficiarios, creando una estructura similar a una estafa piramidal. Además, falsificaban estados bancarios y manipulaban registros contables para engañar tanto a los beneficiarios como a las autoridades.

"No solo robaron dinero, robaron la esperanza de cientos de familias que confiaron en ellos para garantizar un futuro digno a sus seres queridos con necesidades especiales", declaró el inspector general adjunto del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Christian Schrank.

El dinero fue usado para adquirir propiedades, financiar viajes en jet privado, e incluso invertir en una cervecería, lo que ha exacerbado la percepción de cinismo y desprecio por el sufrimiento ajeno.

Las autoridades federales han decidido mantener a Govoni bajo prisión preventiva, citando su historial de evasión, su conducta continua de fraude y su desobediencia a órdenes judiciales. El juicio podría extenderse durante años debido a la magnitud del fraude, que ha dejado a numerosas familias en la ruina.

Este escándalo pone en el centro del debate la necesidad urgente de reforzar la supervisión de las organizaciones sin fines de lucro, especialmente aquellas que manejan fondos de personas vulnerables. La justicia, en este caso, no solo exige una condena, sino una reparación moral para todos los que fueron brutalmente engañados.

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