El aumento de los delitos relacionados con el ganado mayor en Cuba ha llevado al régimen a implementar estrategias más estrictas para proteger la masa ganadera, considerada clave para la economía nacional. Entre enero y agosto de 2025, el Sistema de Tribunales de Cuba desplegó un conjunto integral de acciones dirigidas a prevenir y enfrentar este tipo de delitos, según informó el Tribunal Supremo Popular.

La preocupación gubernamental radica en que, de no controlar estos delitos, podría reducirse la población de ganado en el país, afectando la producción de carne, leche y otros productos esenciales para la alimentación de la población y el sostenimiento económico del sector agropecuario.

Entre las medidas adoptadas destacan 19 juicios ejemplarizantes, con alta asistencia de campesinos y vecinos de comunidades afectadas, que buscaban demostrar el rigor del Estado frente a los infractores. Los datos reflejan que el 96 % de los acusados resultó sancionado, con un 90,7 % recibiendo internamiento, 7,5 % penas alternativas y 1,8 % multas. Además, se aplicaron sanciones accesorias como comiso de bienes, prohibición de salida del país y privación de derechos.

En total, los responsables debieron resarcir a las víctimas con 17 937 056 pesos en moneda nacional, una cifra que evidencia la magnitud económica de los delitos contra el ganado mayor.

La estrategia también incluyó preparación judicial, con 117 acciones formativas para magistrados y jueces sobre casos relacionados con el robo y sacrificio de ganado mayor. Esta formación busca garantizar que los procesos sean más eficientes y las sanciones aplicadas sean ejemplares.

El contacto con la base productiva fue otra pieza clave del plan. Directivos y jueces participaron en 185 asambleas de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), debatiendo temas sobre la prevención del delito y esclareciendo dudas de los asociados. Además, se llevaron a cabo 173 encuentros en comunidades más afectadas, reforzando la vigilancia y concientización de la población rural sobre la gravedad de estos delitos.

Para garantizar la difusión de la política penal y la concienciación pública, los tribunales realizaron 614 publicaciones en medios nacionales, territoriales y plataformas digitales, incluyendo artículos jurídicos y reportes sobre los juicios y acciones de prevención.

Los presidentes de tribunales provinciales y municipales intervinieron en 56 asambleas de consejos provinciales y municipales, informando sobre la aplicación de la política penal y reforzando la idea de que el robo de ganado no será tolerado.

El incremento de los delitos de ganado mayor refleja una problemática que va más allá del ámbito judicial: afecta directamente la economía rural, la seguridad alimentaria y la estabilidad del sector agropecuario. Por ello, las medidas adoptadas por el régimen cubano buscan no solo sancionar a los responsables, sino también prevenir la disminución de la masa ganadera, clave para garantizar la producción de alimentos y sostener la economía del país.

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