El robo de paneles solares continúa extendiéndose por Cuba y ya afecta tanto a instalaciones estatales como a viviendas y pequeños negocios particulares. Uno de los hechos más recientes ocurrió en la zona de Sao Arriba, en la provincia de Holguín, donde fueron sustraídos nueve paneles pertenecientes a un sistema de bombeo de agua.

De acuerdo con una publicación del perfil oficialista cercano a la Policía Cazador Cazado, los ladrones cortaron la cerca perimetral de la instalación de Acueducto y retiraron los paneles, una acción que terminó afectando el suministro de agua a la población y a centros laborales de la zona.

El caso refleja un problema que se ha vuelto cada vez más visible en medio de la crisis energética que atraviesa la Isla. La expansión de los sistemas fotovoltaicos, utilizados como alternativa ante los prolongados apagones y la falta de combustible, ha convertido los paneles solares en un objetivo atractivo para los delincuentes.

La situación no se limita a las instituciones públicas. En diferentes lugares del país se han reportado también robos de paneles instalados en viviendas, negocios privados y otras propiedades particulares. Para muchas familias y emprendedores, estos equipos representan una inversión considerable y, en numerosos casos, una de las pocas alternativas disponibles para disponer de electricidad durante las frecuentes interrupciones del servicio.

En el caso ocurrido en Sao Arriba, las autoridades señalaron como implicados a George Buque, señalado como conductor del vehículo utilizado para transportar los equipos; Boris Daniel González, identificado como presunto organizador del robo, y Ariel Ricardo Boizán, quien habría recibido dos de los paneles sustraídos.

Según la información divulgada, el conductor habría recibido dinero y uno de los paneles como parte de la operación, mientras que otros equipos fueron entregados a terceros.

Los paneles solares se han convertido en un recurso especialmente importante para hogares y actividades económicas ante el deterioro del sistema eléctrico nacional. Su pérdida no solo representa un daño económico para los propietarios o para el Estado, sino que puede comprometer servicios esenciales, como ocurrió en Sao Arriba al quedar afectado un sistema destinado al bombeo de agua.

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