La Prisión Provincial de Canaleta se ha convertido en epicentro de una crisis que el régimen castrista intenta ocultar. Según el Ministerio del Interior (MININT), un “incidente que alteró el orden” ocurrió en la madrugada del jueves 19 de febrero, atribuido a dos reclusos con antecedentes por delitos comunes, incluyendo robo, hurto y tenencia ilegal de armas blancas. Las autoridades aseguran que actuaron con “racionalidad y determinación” y prometen que “el rigor de la legalidad socialista” caerá sobre los responsables.

Pero la versión oficial dista mucho de reflejar la realidad que enfrentan los reclusos. Testimonios de internos, familiares y activistas, junto con imágenes difundidas en redes sociales, denuncian un sistema penitenciario en estado crítico: hambre extrema, hacinamiento, falta de atención médica, violencia física y corrupción generalizada. Estas condiciones habrían generado protestas y enfrentamientos dentro del penal, una señal de desesperación que las autoridades pretenden minimizar.

Diversos expertos señalan que los problemas no se limitan a este incidente, sino que son síntomas de un sistema penitenciario colapsado, donde la represión y el abuso son cotidianos. Las imágenes de celdas superpobladas, reclusos desnutridos y golpes a internos contradicen la narrativa oficial de un “incidente aislado” y muestran un patrón de violaciones de derechos humanos que preocupa a la comunidad internacional.

Organizaciones de derechos humanos y la diáspora cubana han condenado la situación, exigiendo transparencia y garantías básicas para los presos. Activistas destacan que la falta de visibilidad mediática en Cuba permite que estos abusos queden impunes, mientras el régimen intenta controlar la información y deslegitimar cualquier denuncia.

El caso Canaleta ha encendido la atención pública dentro y fuera de la Isla, evidenciando la tensión social que se vive en Cuba. La combinación de represión, corrupción y condiciones inhumanas en las prisiones refleja un sistema que prioriza la obediencia política sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Mientras tanto, los familiares de los reclusos y organizaciones independientes siguen documentando los hechos, buscando que el mundo vea lo que el régimen cubano quiere silenciar. La crisis en Canaleta no es solo un incidente aislado: es un reflejo del deterioro estructural del sistema penitenciario y de la urgencia de proteger los derechos humanos en Cuba.

Del perfil de La Tijera

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