En los últimos dos años, alrededor de 150 periodistas cubanos se han visto obligados a exiliarse debido a una creciente persecución por parte del gobierno, que ha intensificado sus medidas represivas contra los medios de comunicación independientes. Las autoridades han recurrido al Código Penal y otras leyes para restringir la libertad de prensa, lo que ha afectado profundamente a los profesionales de la información que no siguen la línea oficialista.

Uno de los casos más recientes es el de María Lucía Expósito, periodista cubana, quien fue interrogada durante más de seis horas por agentes de la Seguridad del Estado. En el interrogatorio no solo cuestionaron sus vínculos con medios independientes, sino que le decomisaron 1.000 dólares, una parte de su salario. Expósito, en un post compartido a través de una amiga, cuestionó el desamparo de los profesionales jóvenes en Cuba y señaló la creciente presión para abandonar el país.

El acoso contra periodistas no es un hecho aislado. En los últimos días, varios periodistas, activistas y creadores de contenido han denunciado en redes sociales una nueva oleada de interrogatorios, confiscación de bienes y amenazas de cárcel por parte de las autoridades cubanas. Periodistas de medios como Periodismo de Barrio, Cubanet y El Toque han sido particularmente afectados, algunos viéndose obligados a dimitir públicamente o abandonar el país para garantizar su seguridad.

Estas acciones no son nuevas. Desde septiembre, el gobierno ha intensificado su campaña contra cualquier medio o iniciativa que considere subversivo. Las amenazas incluyen no solo a los periodistas, sino también a sus familiares, quienes enfrentan el riesgo de ser arrestados o sufrir otras represalias. Medios como Magazine AM han anunciado una pausa indefinida debido a la presión que enfrentan, mientras que otros han sido forzados a renunciar públicamente a su labor periodística.

Las medidas del gobierno se respaldan en un marco legal que limita severamente la libertad de prensa. Leyes como el Decreto Ley 370 y el nuevo Código Penal permiten sancionar a quienes trabajen en medios independientes o reciban fondos del exterior. Los delitos como el "mercenarismo", desacato, o la propaganda contra el orden constitucional son utilizados para silenciar a periodistas, opositores y activistas.

El abogado cubano Raudiel Peña Barrios explicó que el gobierno utiliza una variedad de delitos tipificados en el Código Penal para amenazar y castigar a quienes ejercen el periodismo de manera independiente. Las sanciones pueden incluir hasta 10 años de prisión, una clara muestra de la gravedad de la situación.

La represión contra la prensa independiente en Cuba refleja tendencias similares en otros países de la región. En Venezuela, por ejemplo, un informe del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) reveló que el 85,63% de los periodistas encuestados había abandonado el país debido a la persecución. De manera similar, en Nicaragua, la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) informó que al menos 263 periodistas se han exiliado desde 2018 por razones similares.

La persecución de la prensa en Cuba continúa intensificándose, y cada vez más periodistas se ven obligados a tomar la difícil decisión de abandonar su profesión o su país. Mientras tanto, el gobierno cubano sigue controlando estrictamente la narrativa, impidiendo cualquier intento de contar una versión alternativa de la realidad en la isla.

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