La dictadura cubana extendió sus restricciones al acceso a internet satelital Starlink y notificó a las embajadas y representaciones de organismos internacionales acreditadas en La Habana que tienen prohibido importar y utilizar estos equipos, una medida que refuerza el control estatal sobre las comunicaciones en la Isla.

La decisión fue comunicada el 9 de noviembre por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX), mediante una nota dirigida a las misiones diplomáticas, en la que recuerda las disposiciones que impiden utilizar terminales de conexión satelital de esta marca en territorio nacional.

La prohibición, revelada inicialmente por el diario independiente 14ymedio y posteriormente corroborada por Martí Noticias con al menos dos fuentes diplomáticas, alcanza ahora también a las sedes extranjeras, que podrían perder una alternativa de conexión independiente de la infraestructura estatal.

Para justificar la medida, las autoridades invocan la soberanía nacional sobre el espectro radioeléctrico y recuerdan que el uso de estos dispositivos no está autorizado. Sin embargo, la comunicación no especifica qué sanciones podrían aplicarse a las representaciones diplomáticas que incumplan la disposición ni qué alternativas tendrán cuando fallen las redes nacionales.

La restricción resulta especialmente significativa en un país donde los apagones prolongados y las constantes dificultades de conexión afectan la vida cotidiana. Starlink, desarrollado por la empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk, permite acceder a internet mediante una red de satélites de órbita baja, sin depender de ETECSA, el monopolio estatal de las telecomunicaciones.

Una de las fuentes diplomáticas consultadas cuestionó la persecución de esta tecnología y sugirió que algunos funcionarios del propio régimen también la utilizan en sus viviendas. Otra destacó que el servicio de ETECSA es deficiente y que las conexiones satelitales permiten mantener el acceso a internet incluso durante los apagones, siempre que se disponga de una fuente alternativa de electricidad.

La ofensiva contra Starlink tampoco es nueva. En octubre pasado, varios ciudadanos fueron condenados en Santa Clara a penas de entre cuatro y cinco años de prisión por actividades relacionadas con la comercialización de estos equipos. También fueron decomisadas decenas de terminales y se impusieron multas a compradores.

La nueva disposición amplía así el alcance de una política que no solo afecta a ciudadanos y negocios privados, sino que ahora incluye a las representaciones diplomáticas extranjeras.

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