El régimen cubano busca atraer capital privado y extranjero para explorar y explotar petróleo y gas, en un nuevo intento por aliviar la crisis energética y la falta de divisas que golpean a la economía nacional. La flexibilización de las reglas llega en un momento en que el país necesita inversiones urgentes, pero continúa enfrentando obstáculos para generar confianza entre los potenciales socios internacionales.

Las nuevas disposiciones, divulgadas el lunes 12 de octubre, actualizan el marco legal de la industria petrolera y abren vías para la participación de empresas y personas naturales, nacionales y extranjeras, en distintas actividades del sector.

El Decreto-Ley 135, sobre petróleo y gas, y su reglamento, establecido mediante el Decreto 184, regulan operaciones que abarcan desde la exploración y extracción hasta la refinación, el transporte, el almacenamiento y la comercialización de combustibles.

Las normas contemplan modalidades como los contratos de producción compartida y las concesiones petroleras, mecanismos con los que las autoridades pretenden facilitar la entrada de capital y conocimientos técnicos a una industria que necesita modernizar sus instalaciones y elevar la producción.

Sin embargo, la apertura no significa que el Estado renuncie al control estratégico del sector. La legislación mantiene la propiedad estatal sobre los yacimientos y conserva un sistema de autorizaciones y supervisión gubernamental para desarrollar las actividades petroleras.

La iniciativa responde a una realidad económica cada vez más difícil para La Habana. La escasez de divisas limita la capacidad del país para importar combustibles, adquirir piezas de repuesto y mantener operativa una infraestructura energética envejecida.

La producción nacional de crudo no cubre las necesidades de la economía, mientras los problemas de abastecimiento contribuyen a prolongados apagones, dificultades en el transporte y afectaciones a la actividad productiva.

En ese contexto, el Gobierno necesita socios capaces de aportar financiamiento, tecnología y recursos para desarrollar nuevos yacimientos y recuperar instalaciones existentes. No obstante, la promulgación de nuevas leyes no garantiza por sí sola la llegada de inversiones.

La incertidumbre económica, las dificultades para repatriar ganancias, los problemas de liquidez y la limitada disponibilidad de divisas son factores que pueden influir en las decisiones empresariales. También pesan la burocracia, la intervención estatal y la necesidad de contar con garantías jurídicas y operativas estables.

La flexibilización representa un intento de ampliar las fuentes de financiamiento en un país que necesita urgentemente capital externo. Pero el desafío para el régimen no consiste únicamente en aprobar normas, sino en demostrar que puede ofrecer condiciones atractivas y previsibles para quienes arriesguen sus recursos.

Fuente: Cubadebate

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