El régimen cubano ha anunciado nuevas medidas fiscales con el objetivo de incentivar el uso de fuentes renovables de energía, en un intento por modernizar el sector energético del país, marcado por una severa crisis estructural. La Resolución 169 de 2024, publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 60, amplía beneficios tributarios tanto para ciudadanos como para entidades empresariales interesadas en invertir en energías limpias.

En conferencia de prensa, la viceministra de Finanzas y Precios, Yenisley Ortíz Mantecón, explicó que las disposiciones buscan “perfeccionar el marco regulatorio” vigente desde 2021, incorporando lecciones aprendidas y ampliando el alcance de los incentivos. A diferencia de normativas anteriores, esta nueva resolución incluye por primera vez a personas jurídicas como beneficiarias de exenciones fiscales, lo que podría abrir una mayor participación del sector productivo.

Entre los beneficios más relevantes se encuentra la exoneración del Impuesto Aduanero para tecnologías como sistemas fotovoltaicos, calentadores solares y pequeños aerogeneradores. Hasta ahora, estas exenciones estaban limitadas a personas naturales, pero a partir de esta modificación, empresas estatales, cooperativas y otros actores económicos también podrán acogerse a estas ventajas.

La resolución también introduce una serie de facilidades administrativas que, según las autoridades, buscan eliminar trabas burocráticas. Por ejemplo, se elimina la necesidad de pedir autorización previa al Ministerio de Finanzas para importar más de 200 tipos de componentes tecnológicos relacionados con las energías renovables. Además, se podrá declarar estos artículos por separado al momento de la importación para evitar su inclusión en el valor total del envío, lo que reduce costos para los usuarios.

Otra novedad significativa es la ampliación de los beneficios fiscales para proyectos de inversión en generación renovable. Se mantiene la exención del Impuesto sobre Utilidades durante el periodo de recuperación de la inversión, que puede alcanzar hasta ocho años, pero ahora se elimina el requisito de presentar una ratificación anual ante la ONAT. En su lugar, bastará con entregar una sola vez el dictamen técnico de la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía (ONURE) y el estudio de factibilidad del proyecto.

También se han incluido nuevos equipos en los listados beneficiados, como cargadores para vehículos eléctricos alimentados por fuentes renovables, así como dispositivos destinados al aprovechamiento de biomasa. Esta actualización responde, según Ortíz Mantecón, a “la voluntad del gobierno de adaptarse a los avances tecnológicos”.

Desde el punto de vista legal, la Resolución 169 deroga normativas anteriores (las resoluciones 319 y 322 de 2021) y modifica parcialmente la resolución 238 de 2023 sobre tarifas eléctricas, consolidando en un solo documento el esquema de incentivos fiscales al uso de energías renovables en el país.

La norma ya está en vigor y la Aduana General ha recibido instrucciones para su implementación inmediata en todos los puntos de entrada del país. Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas anunció que lanzará próximamente una campaña informativa para difundir las ventajas de este nuevo marco regulatorio entre la ciudadanía e inversionistas potenciales.

El sistema eléctrico en Cuba se encuentra en estado crítico, con apagones cada vez más frecuentes y una infraestructura obsoleta incapaz de sostener la demanda nacional. En un intento desesperado por revertir la situación, el régimen ha recurrido a medidas fragmentadas y sin resultados sostenibles. Según especialistas, la verdadera solución requeriría una inversión de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para estabilizar el sistema energético, una cifra inalcanzable para una economía colapsada, sin acceso a financiamiento externo, con una industria estancada y un creciente aislamiento internacional. Mientras tanto, el país continúa sumido en la oscuridad, sin un plan realista ni recursos para salir del apagón.

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