El régimen cubano volvió a levantar su voz contra la Embajada de Estados Unidos en La Habana, esta vez acusando a sus diplomáticos de tener una “conducta injerencista” por el simple hecho de reunirse con ciudadanos cubanos fuera de las estructuras estatales. Para las autoridades de la isla, cualquier acercamiento entre diplomáticos extranjeros y miembros de la sociedad civil es una amenaza que debe ser denunciada públicamente.

Alejandro García del Toro, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, denunció que los representantes diplomáticos estadounidenses han sostenido encuentros con activistas y opositores a quienes el gobierno cubano acusa de estar financiados por Washington. Según sus declaraciones, compartidas en redes sociales, los diplomáticos han sido convocados tres veces por la Cancillería para expresar el “malestar” del gobierno, sin que eso haya impedido que las reuniones continúen.

Más allá de lo legal, lo que este tipo de declaraciones evidencian es el temor del régimen a perder el control sobre el relato nacional. En Cuba, el contacto directo entre diplomáticos extranjeros y ciudadanos que no responden a los lineamientos del Partido Comunista representa un peligro potencial para la narrativa oficial, basada en el aislamiento y la deslegitimación de cualquier voz crítica.

El gobierno cubano alega que estas reuniones violan la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, aunque ese mismo acuerdo internacional también reconoce que los diplomáticos pueden establecer contactos con diversos sectores del país anfitrión. Lo que el régimen teme realmente es que esas reuniones expongan ante el mundo la realidad de una sociedad que vive bajo restricciones constantes de libertades políticas, económicas y civiles.

No es la primera vez que el gobierno intenta blindar a la sociedad cubana del contacto con actores internacionales. Lo hizo tras las protestas del 11 de julio de 2021, limitando las visitas de delegaciones extranjeras, y ahora repite el patrón ante el mínimo indicio de que diplomáticos estadounidenses están dispuestos a escuchar directamente a ciudadanos cubanos sin la mediación del Estado.

En un artículo reciente, el medio oficialista Cubadebate atacó al encargado de negocios de Estados Unidos en La Habana, acusándolo de “incitar a cubanos a actuar contra su país” y de escudarse en su inmunidad diplomática. El tono del texto revela no solo el enojo del aparato propagandístico, sino también la preocupación del régimen por mantener a raya cualquier intento de fortalecimiento de la sociedad civil.

La reacción del gobierno cubano, lejos de ser una defensa del derecho internacional, refleja un miedo profundo a perder su monopolio del poder y la narrativa. Cualquier puente que conecte a los ciudadanos con el mundo exterior —ya sea una reunión diplomática, una plataforma digital o una visita académica— es visto como una amenaza que debe ser desactivada.

En un país donde la mayoría de los medios, instituciones y organizaciones están controlados por el Estado, la posibilidad de un diálogo independiente con representantes internacionales abre un resquicio a la verdad. Y eso es precisamente lo que más teme la dictadura cubana.

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