Una investigación del Miami Herald ha revelado que el régimen cubano utilizó una empresa fachada para eludir sanciones estadounidenses y seguir controlando el flujo de remesas enviadas desde el extranjero. La empresa en cuestión, Orbit S.A., presentada como independiente y civil, opera bajo el control de GAESA, el conglomerado militar que domina la economía de la isla.

En 2020, la administración Trump sancionó a Fincimex, una empresa militar que procesaba remesas, con el objetivo de limitar los ingresos del ejército cubano, sancionado por violaciones de derechos humanos y su apoyo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. En respuesta, el gobierno cubano creó Orbit S.A., inscrita bajo el Ministerio de Comercio Exterior, para retomar el manejo de remesas bajo una fachada civil.

Sin embargo, documentos obtenidos por el Miami Herald revelan que Orbit es supervisada directamente por Cimex, una entidad clave de GAESA. Esta estructura permite a las fuerzas armadas cubanas mantener el control sobre el flujo de divisas, mientras las familias cubanas reciben moneda nacional con menor poder adquisitivo.

Orbit no solo conserva la misma plantilla y ubicación que Fincimex en Miramar, La Habana, sino que su actual directora, Diana Rosa Rodríguez Pérez, tiene vínculos directos con Cimex y GAESA, donde ocupó altos cargos. Informes mensuales detallados elaborados por Cimex muestran cómo se analiza el desempeño de Orbit y se reportan directamente a los líderes militares.

La administración Biden permitió en 2022 la reanudación parcial de las remesas, condicionando que las empresas involucradas no estuvieran vinculadas al ejército. Sin embargo, expertos como Emilio Morales, director del think tank Cuba Siglo 21, afirman que desde el inicio se advirtió al Departamento de Estado que Orbit era una tapadera.

Las remesas constituyen una de las principales fuentes de ingresos en divisas para el régimen cubano, canalizadas por GAESA hacia proyectos como la construcción de hoteles, mientras la población enfrenta una aguda crisis de alimentos, medicamentos y otros insumos básicos.

Líderes políticos en Estados Unidos, como los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, criticaron duramente la situación. Salazar señaló que el régimen “nuevamente quedó al descubierto por robar el dinero que los exiliados envían a sus familias”.

La administración Biden, por su parte, afirmó estar comprometida con facilitar el flujo de remesas al pueblo cubano sin beneficiar al ejército. No obstante, las recientes revelaciones podrían presionar a Washington para endurecer las sanciones y reevaluar los acuerdos existentes.

Estas denuncias refuerzan las acusaciones de que el régimen cubano utiliza estructuras militares para apropiarse de los fondos destinados a las familias, desviando recursos esenciales hacia su élite gobernante y perpetuando la crisis económica de la población.

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