El gobernador de Florida, Ron DeSantis, enfrenta un nuevo desafío político dentro de su propio partido, luego de que legisladores republicanos del estado rechazaran sus propuestas en materia de inmigración y presentaran una iniciativa independiente.

En una sesión especial convocada por DeSantis para implementar medidas más estrictas inspiradas en la agenda migratoria de Donald Trump, los líderes legislativos estatales optaron por elaborar su propio proyecto de ley. Este movimiento refleja un distanciamiento de la Legislatura estatal, que en el pasado respaldaba casi de forma unánime las políticas del gobernador.

Entre las medidas rechazadas por los legisladores estaban la imposición de cargos penales a funcionarios que no aplicaran restricciones migratorias y la creación de una base de datos para rastrear remesas enviadas al extranjero. El presidente del Senado, Ben Albritton, calificó estas iniciativas como inconstitucionales, mientras que Daniel Perez, presidente de la Cámara de Representantes, aseguró que las sesiones especiales no deben ser usadas como “estrategias para generar titulares”.

El proyecto aprobado por los legisladores, conocido como Ley TRUMP (Tácticas y Reformas a la Política de Migración Ilegal), busca endurecer las medidas contra la inmigración ilegal, aunque con un enfoque más moderado que las propuestas por DeSantis. El gobernador criticó el proyecto, calificándolo de “débil” y asegurando que crea una falsa ilusión de combatir la inmigración ilegal.

El rechazo de los legisladores a las propuestas de DeSantis marca un giro significativo en la dinámica política de Florida. Desde su elección en 2018, el gobernador había contado con el apoyo incondicional de la Legislatura para impulsar su agenda conservadora. Sin embargo, su reciente derrota en las primarias de Iowa y el debilitamiento de su influencia política parecen haber reducido su control sobre los líderes republicanos estatales.

Además, los legisladores enviaron un mensaje claro al anular por primera vez en más de una década un veto presupuestario del gobernador, restaurando 57 millones de dólares para servicios legislativos.

El cambio de postura de los republicanos ha sido visto como un esfuerzo por reafirmar la autonomía de la Legislatura frente al poder ejecutivo. “Queremos mostrar que aquí existen tres órganos de gobierno separados, no uno solo”, afirmó el representante republicano Mike Caruso.

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