El caso de Alejandro Salazar Blanco, joven de 21 años detenido en Bayamo, es un ejemplo alarmante de represión por motivos de conciencia y expresión. Según el mensaje, su único “delito” habría sido alzar la voz en una protesta pacífica con la frase “¡TENEMOS HAMBRE!”, una realidad que muchas personas en Cuba comparten.

Este tipo de actos de represión, especialmente cuando van dirigidos contra jóvenes y ciudadanos desarmados, genera gran preocupación en materia de derechos humanos. Que se enfrente a una solicitud fiscal de 8 a 10 años de cárcel por expresar una necesidad básica no solo constituye una posible violación de la libertad de expresión, sino también del derecho a la protesta pacífica, consagrados ambos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 19 y 20).

La denuncia también indica que Alejandro permanece incomunicado, lo cual agrava la situación, ya que podría implicar condiciones de detención arbitrarias y sin garantías procesales mínimas. Este patrón ha sido señalado anteriormente por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch respecto a los métodos represivos en Cuba.

Frases como "la dictadura está intimidando al pueblo, tratando de apagar la voz de quienes exigen dignidad, comida y libertad" resumen un sentir colectivo cada vez más visible en redes sociales. La reacción del pueblo cubano, expresada también en los comentarios que acompañan la publicación, demuestra una creciente desesperación frente a un sistema percibido como represivo, opaco e indiferente al sufrimiento social.

La visibilización de casos como este es crucial. Ayuda a ejercer presión internacional y a recordar que cada voz silenciada representa una vulneración de derechos que no debe normalizarse. Como señala el mensaje: "¡No dejemos que el silencio se imponga!"

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