El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que durante el mes de octubre se registraron al menos 198 acciones represivas contra ciudadanos en Cuba, lo que evidencia el sostenido deterioro de las libertades civiles en la isla.

De acuerdo con el informe mensual de la organización, 29 de los casos correspondieron a detenciones arbitrarias, mientras que 169 fueron abusos de diversa índole, incluyendo hostigamientos, amenazas, vigilancia, juicios sin garantías y otras violaciones de derechos fundamentales.

El OCDH subraya que estos hechos reflejan “la realidad inquietante” que atraviesa la población cubana, sometida a constantes actos represivos en un contexto marcado por la crisis económica y el descontento social.

Entre los abusos más graves se encuentran los sitios de viviendas de activistas, el acoso a opositores y defensores de derechos humanos, y los malos tratos a presos políticos y comunes. En total, el informe documenta 40 denuncias presentadas por reclusos y sus familiares, que alertan sobre las precarias condiciones carcelarias y el trato inhumano al que son sometidos.

Las provincias más afectadas fueron La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey, donde se concentraron la mayoría de los incidentes. En lo que va de año, el Observatorio contabiliza 2.660 acciones represivas, de las cuales 490 corresponden a detenciones arbitrarias.

Como parte de su reporte, el OCDH destacó el caso de Yamislan Pozo Águila (24 años) y Serguey Pozo Tagle (45 años), procesados por el presunto delito de “propaganda contra el orden constitucional”, tras repartir octavillas con mensajes políticos en Santa Clara.

Según la acusación presentada por la Fiscalía, los dos cubanos difundieron panfletos que llamaban a una futura transición democrática en la isla, hechos ocurridos el 10 de febrero de 2025. El fiscal Ayreb Miranda Pérez solicitó penas de seis y siete años de prisión respectivamente, alegando que los mensajes atentaban contra el sistema político.

No obstante, el OCDH considera que las octavillas no constituyen delito alguno, ya que “no incitan a la violencia ni al odio, sino que expresan una propuesta política legítima”. La organización sostiene que la acusación carece de tipicidad penal, pues criminaliza un acto de expresión protegido tanto por la Constitución cubana como por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

“El ejercicio de la crítica al sistema político, por dura que sea, está amparado por los derechos fundamentales a la libertad de pensamiento y expresión”, señala el informe, recordando que la jurisprudencia internacional, incluida la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, establece que las manifestaciones políticas no deben ser penalizadas salvo que representen un peligro real para la seguridad o el orden público.

Ante esta situación, el OCDH exige la liberación inmediata de los detenidos, al considerar que están siendo procesados únicamente por ejercer su derecho a expresarse libremente. La organización reitera su llamado a la comunidad internacional para que mantenga la atención sobre el creciente clima de represión en Cuba, donde —asegura— “la disidencia continúa siendo castigada como delito”.

Recomendado para ti