Multiples reacciones ha despertado el arresto del expresidente de Bolivia Luis Alberto Arce Catacora, acción relacionada con una investigación por presunta corrupción vinculada al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (Fondioc), un fondo estatal creado para financiar proyectos sociales y comunitarios.

La detención fue ejecutada por la Policía, y Arce fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) antes de enfrentar a la justicia boliviana.

La Fiscalía y el Ministerio Público acusan a Arce de delitos como incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias y enriquecimiento ilícito, por supuestamente haber autorizado transferencias de fondos que no se ejecutaron o que fueron desviadas durante su tiempo como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales (2006–2019), y también por su rol en la presidencia entre 2020 y 2025.

Esta investigación forma parte de una causa más amplia que investiga el mal manejo de recursos públicos y proyectos que quedaron inconclusos o no contaron con respaldo técnico.

Medios internacionales como Reuters y el País señalan que las autoridades judiciales decidieron imponer prisión preventiva por cinco meses a Arce mientras continúa la investigación y se preparan las audiencias.

El exmandatario fue traslado a la cárcel de San Pedro en La Paz, y la medida se determinó para evitar riesgos de fuga u obstaculización del proceso judicial. Este plazo podría extenderse según cómo avance la investigación.

Arce ha rechazado las acusaciones y sostiene que son motivaciones políticas destinadas a perseguirlo y desacreditarlo, argumentando que las acusaciones no reflejan su gestión y responsabilidad directa en los supuestos hechos. Sus abogados han planteado apelaciones y defensas basadas en su inocencia y en que las decisiones que se le imputan corresponden a procedimientos administrativos complejos de gestión pública.

La detención de Arce ocurre poco más de un mes después de que dejó la presidencia, tras la elección de Rodrigo Paz, un líder de centroderecha que derrotó al MAS (Movimiento al Socialismo) y que ha prometido combatir la corrupción y revisar la administración pública tras casi dos décadas de gobiernos socialistas.

Este contexto ha generado un debate intenso en Bolivia y en la región, con sectores que ven la medida como una acción necesaria para la justicia y otros que la califican de persecución política en pleno reacomodo del poder.

En paralelo, la investigación del caso Fondioc ha implicado a otros exfuncionarios y ha reactivado un viejo escándalo que había estado latente durante años. Las autoridades bolivianas han señalado que el manejo y destino de estos fondos deben esclarecerse y que si se demuestra responsabilidad, buscarán aplicar sanciones de acuerdo con la ley boliviana.

Fuentes: Reuters, AP y el País

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