Las recientes declaraciones del exespía cubano René González, miembro de la Red Avispa, reactivaron el debate en torno al proceso judicial contra el exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, actualmente bajo expediente de instrucción por presuntos delitos que incluyen espionaje, malversación y lavado de activos. En un extenso mensaje publicado en redes, González reclamó que el juicio sea “público, abierto y transparente”, una demanda que, viniendo de una figura simbólica de la inteligencia cubana, deja al descubierto las fisuras internas del régimen y la erosión de confianza en su aparato judicial.

Condenado en 1998 en EE. UU. por infiltrar organizaciones del exilio, González conserva un rol emblemático dentro del oficialismo: su voz suele emerger cuando el poder busca simular debate o enviar señales a sectores críticos del propio sistema. Esta vez interviene en un clima de desconfianza hacia la Fiscalía General y los tribunales, que mantienen bajo hermetismo los detalles del caso Gil.

Destituido en febrero de 2024, el exministro fue colocado bajo pesquisa meses después por “graves irregularidades”. Desde entonces, la narrativa oficial exhibe el expediente como prueba de la “lucha contra la corrupción”, mientras la falta de información verificable, el secretismo procesal y la caída en desgracia de quien fue considerado “uno de los cuadros más leales” de Miguel Díaz-Canel alimentan la percepción de un ajuste de cuentas intramuros.

Aunque prudente, el texto de González introduce un elemento incómodo: al invocar la “presunción de inocencia” y exigir transparencia, sugiere carencias de garantías procesales en Cuba. “No estamos en condiciones de pedir a la gente que crea por fe”, admite, frase que apunta al descrédito institucional sin romper abiertamente la ortodoxia. A la vez, advierte contra “dispararnos los unos a los otros dentro de la misma trinchera”, reafirmando su lealtad al sistema.

Esa dualidad es característica del discurso que el régimen permite a ciertos portavoces. En los últimos años, figuras como el propio González o el trovador Israel Rojas (Buena Fe) han incorporado expresiones del léxico opositor —como el “bloqueo interno”— para administrar el malestar dentro de límites seguros, simular pluralidad y evitar que la crítica derive en cuestionamientos al núcleo del poder.

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