Adán Kiubel Castillo Echevarría, manifestante del 11 de julio de 2021, permanece nuevamente en prisión tras negarse a colaborar como informante de la Seguridad del Estado, según denunciaron activistas y allegados. Su caso vuelve a poner en el centro del debate la situación de las personas encarceladas en Cuba por motivos políticos y el uso de mecanismos de presión contra quienes ejercen derechos fundamentales.

Castillo Echevarría fue condenado a siete años de privación de libertad por su participación pacífica en las protestas del 11J, las mayores manifestaciones antigubernamentales registradas en la isla en décadas. Durante esas jornadas, miles de ciudadanos salieron a las calles en distintas provincias para reclamar libertades, mejores condiciones de vida y el fin de la represión.

En enero de 2025, Adán fue excarcelado, hecho que generó expectativas entre familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos. Sin embargo, tras su salida de prisión, agentes de la Seguridad del Estado intentaron forzarlo a colaborar como informante, una práctica denunciada reiteradamente por ex presos políticos y activistas dentro y fuera de Cuba.

Al negarse a cooperar, Castillo Echevarría fue detenido nuevamente y trasladado a la Prisión de Valle Grande, donde permanece recluido hasta el momento. De acuerdo con personas cercanas a su caso, su reencarcelamiento no responde a un nuevo delito, sino a su negativa a renunciar a sus convicciones y a colaborar con los órganos de seguridad.

Organizaciones de la sociedad civil consideran que Adán está preso por ejercer un derecho básico: manifestarse pacíficamente, y por sostener esa decisión tras recuperar la libertad. Denuncian que su situación evidencia un patrón de castigo, intimidación y control dirigido a quienes participaron en el 11J y continúan siendo críticos del Gobierno.

El caso de Castillo Echevarría se suma al de decenas de cubanos que, pese a haber sido excarcelados, siguen bajo amenaza constante, vigilancia o reclusión arbitraria. Para activistas y familiares, su libertad —al igual que la de todas las personas presas por motivos políticos— sigue siendo una deuda pendiente del Estado cubano, en un contexto marcado por la ausencia de garantías jurídicas y el uso sistemático de la represión como herramienta de control social.

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