Las recientes redadas migratorias en plantaciones y empacadoras del estado de California han generado un clima de miedo e incertidumbre entre trabajadores agrícolas, afectando seriamente la cadena de suministro de alimentos en Estados Unidos. Así lo han denunciado organizaciones agrícolas y comunitarias, alertando sobre el impacto de estas acciones en la producción nacional de frutas y vegetales.

Según reportes de asociaciones como United Farm Workers y la oficina agrícola del condado de Ventura, decenas de jornaleros han sido arrestados en campos ubicados al noroeste de Los Ángeles, en zonas agrícolas clave como los condados de Ventura y Santa Bárbara. Las operaciones, lideradas por agentes federales, han sido calificadas como “masivas” y han generado un ausentismo laboral estimado entre el 25 y el 45%, según Maureen McGuire, directora ejecutiva de la oficina agrícola de Ventura.

“Cuando nuestra fuerza laboral tiene miedo, los campos quedan sin cosechar, las empacadoras se retrasan y todo el sistema de distribución alimentaria se ve afectado. Esto toca directamente al consumidor estadounidense”, afirmó McGuire.

California es responsable de más de un tercio de las hortalizas y casi el 80% de las frutas y frutos secos que se consumen en el país, lo que hace especialmente delicado el efecto de cualquier interrupción en su actividad agrícola. Aunque el estado es mayoritariamente demócrata, muchas zonas rurales conservan un fuerte respaldo republicano y habían depositado su confianza en el gobierno de Donald Trump para resolver temas estructurales como el acceso al agua y los acuerdos comerciales.

Sin embargo, las nuevas políticas migratorias del mandatario, centradas en reforzar la seguridad y aumentar las deportaciones, están golpeando directamente a ese mismo sector. Las detenciones se han realizado también en estacionamientos de centros comerciales, fábricas y otros espacios de trabajo, y han venido acompañadas del despliegue de tropas de la Guardia Nacional en zonas urbanas como Los Ángeles.

Primitiva Hernández, directora ejecutiva de la organización 805 UndocuFund, estimó que al menos 43 trabajadores han sido detenidos en campos agrícolas desde el lunes pasado. “Esto es más que una operación de control. Es una persecución generalizada contra comunidades trabajadoras e inmigrantes”, dijo.

Lucas Zucker, líder de la Alianza de la Costa Central Unida por una Economía Sostenible, también expresó su preocupación: “Los agentes no están buscando a personas específicas, sino que irrumpen sin órdenes judiciales en varias fincas. Es una forma de intimidación”.

Desde el gobierno federal, la secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, defendió las acciones señalando que se están siguiendo las órdenes del presidente para expulsar a inmigrantes con antecedentes penales. Sin embargo, agricultores temen que estas medidas afecten gravemente la disponibilidad de trabajadores capacitados.

El propio Trump reconoció en sus redes sociales que varios líderes del sector agrícola y del entretenimiento han manifestado preocupación ante la pérdida de mano de obra. Aunque prometió “cambios”, no ofreció detalles concretos sobre cómo abordará la situación sin paralizar el sistema productivo.

Desde la Oficina Agrícola de California insisten en la urgencia de una reforma migratoria que garantice estabilidad y acceso a una fuerza laboral segura. “La agricultura depende y valora profundamente a sus trabajadores. Si las redadas continúan, será muy difícil llevar alimentos a las mesas de los estadounidenses”, concluyó Bryan Little, vocero de la entidad.

(Con información de AP)

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