Un nuevo escándalo de corrupción sacude a Santiago de Cuba tras una denuncia ciudadana en la que vecinos revelan un esquema ilegal dentro de la terminal de ómnibus y ferrocarriles que afecta directamente a quienes necesitan viajar hacia La Habana. Según el reporte, las reservaciones para estos destinos están siendo manejadas por una red de venta ilegal que ha convertido un servicio público en un negocio clandestino y lucrativo.

La denuncia expone que los pasajes, en lugar de llegar al pueblo mediante los mecanismos oficiales, están siendo vendidos de manera directa a "buqueques" o revendedores, quienes cada día hacen las colas, compran los boletos y posteriormente los ofrecen en el mercado negro por 6,000 pesos cubanos, un precio imposible para la mayoría de los ciudadanos. Esto ha generado un clima de desesperación entre los santiagueros, obligados a pagar cifras abusivas para poder viajar.

Lo más grave del caso es que, según los testimonios recopilados, miembros de la Policía estarían involucrados en este tráfico ilegal de pasajes. La denuncia señala que agentes estarían emitiendo certificados falsos vinculados al carné de identidad, documentos que permiten a los compradores subir al ómnibus o al tren sin necesidad de presentar su identificación real.

Este mecanismo facilita el negocio ilícito y garantiza la impunidad de quienes participan en la red.

Los reportes indican que la trama abarca a personal de la Policía, a la administración de ferrocarriles, a la terminal de ómnibus y al departamento de reservaciones. Todos ellos, según la denuncia, estarían implicados en la sobresaturación deliberada de las capacidades y en la reventa organizada de los pasajes.

El resultado es un sistema que funciona diariamente, ampliamente conocido por jefes y autoridades, sin que exista acción efectiva para detenerlo.

Para los ciudadanos, la situación representa una forma más de abuso institucional en un contexto marcado por la pobreza, la escasez y la falta de alternativas de movilidad. La población queda indefensa ante un servicio público que debería garantizar acceso equitativo y que, en cambio, se ha convertido en un negocio bajo control de estructuras corruptas.

De esta forma queda al descubierto cómo la corrupción afecta directamente la vida cotidiana de la gente común, dejando a los usuarios sin derechos ni protección frente a prácticas que se repiten a la vista de todos.

Fuente: La Tijera

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