El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) denunciaron que la actual crisis sanitaria en la Isla, marcada por el aumento de enfermedades transmitidas por mosquitos, constituye un “genocidio silencioso” perpetrado por el gobierno debido a su negligencia y falta de respuesta efectiva.

Ambas organizaciones responsabilizan al régimen de una gestión fallida frente al incremento de casos de dengue, dengue hemorrágico, chikungunya, oropouche, zika y hepatitis, enfermedades que se propagan con rapidez mientras el sistema de salud se encuentra al borde del colapso. Según sus reportes, miles de personas están enfermas y un número indeterminado ha fallecido, aunque el gobierno solo reconoce tres muertes oficiales.

Incluso voces dentro del propio oficialismo han admitido la gravedad del panorama. La periodista Yirmara Torres Hernández, en un post de Facebook, lamentó el abandono estatal:

“No hay muertos, porque los muertos solo les duelen a quienes los pierden… lo que pasa es que duele el abandono. Lo que pasa es que duele, que insulten tu inteligencia”, escribió.

Los hospitales en provincias como La Habana, Matanzas, Cienfuegos y Holguín se encuentran desbordados, con salas sin medicamentos ni insumos básicos. A pesar de la crisis, el conglomerado militar-empresarial GAESA, que controla gran parte de la economía cubana, mantiene más de 18.000 millones de dólares en bancos y paraísos fiscales, según documentos filtrados por el Miami Herald, sin destinar fondos a la emergencia sanitaria.

La falta de inversión pública ha agravado el deterioro urbano y sanitario: los vertederos repletos de basura se han convertido en criaderos de mosquitos, mientras la escasez de combustible y la falta de camiones recolectores impiden limpiar las ciudades.

Tampoco se han ejecutado campañas de fumigación ni distribución de abate (el químico que elimina larvas de mosquito), a pesar de que la temporada de lluvias de 2025 elevó el riesgo de contagios. En consecuencia, el país enfrenta una expansión acelerada de arbovirus sin un plan de contención visible.

En localidades como Perico y Cárdenas (Matanzas), casi toda la población ha enfermado con lo que llaman “el virus”, sin saber con certeza cuál es el agente causal. La falta de pruebas diagnósticas impide conocer el alcance real del brote.

La escasez de medicamentos esenciales, como analgésicos y antipiréticos, obliga a miles de enfermos a soportar la fiebre y el dolor sin atención médica adecuada.

El régimen ha optado por minimizar la situación, aplicando el mismo patrón de ocultamiento informativo que caracterizó su manejo de la pandemia de la COVID-19. Según el OCC y la FHRC, el Ministerio de Salud Pública manipula las estadísticas y evita informar sobre las muertes derivadas de los brotes.

“La combinación de silencio oficial, abandono sanitario y corrupción estructural configura un crimen de Estado contra el pueblo cubano”, concluye el informe de ambas organizaciones.

La crisis, sostienen, no es solo epidemiológica, sino también moral y política: una demostración del desprecio del régimen por la vida humana y del colapso de un sistema que, bajo la retórica de la “salud gratuita”, ha dejado a todo un país a merced de los mosquitos y la desidia.

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