El recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, Dariel Fernández, solicitó a las autoridades federales de Estados Unidos la apertura de una investigación exhaustiva sobre una empresa con vínculos locales que, según reportes recibidos por su oficina, podría estar involucrada en operaciones financieras que beneficien directa o indirectamente al régimen cubano.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Fernández expresó su “profunda preocupación” ante la posibilidad de que desde territorio estadounidense se estén realizando acuerdos que terminen fortaleciendo al aparato económico del gobierno de La Habana. Aunque evitó mencionar el nombre de la compañía bajo sospecha, subrayó que cualquier actividad de este tipo debe ser sometida al máximo nivel de escrutinio por parte de las autoridades federales.

El funcionario recordó que recientemente su oficina revocó las licencias de 20 negocios en Miami-Dade que estarían bajo sospecha de participar en transacciones comerciales o financieras relacionadas con el régimen cubano. Esta acción, explicó, forma parte de un esfuerzo más amplio para garantizar el cumplimiento de las leyes federales que regulan las relaciones económicas con Cuba.

“Cualquier operación que pueda colocar dinero, control operativo o influencia financiera en manos de una dictadura comunista que reprime sistemáticamente a su pueblo y mantiene alianzas con regímenes hostiles como los de Venezuela, Irán y Rusia, debe ser investigada con rigor”, afirmó Fernández en el comunicado fechado el miércoles 31 de diciembre.

El recaudador de impuestos hizo especial énfasis en el tema de las remesas, un asunto sensible para millones de familias cubanas dentro de la isla. Según Fernández, estos envíos tienen como objetivo principal apoyar a los ciudadanos y ofrecer ayuda humanitaria, no servir como mecanismo para fortalecer o legitimar a un gobierno autoritario ni a su sistema financiero controlado por el Estado.

Asimismo, recordó que la legislación estadounidense es clara en cuanto a las restricciones que pesan sobre la actividad comercial y financiera relacionada con Cuba. “Cualquier operación con la isla está estrictamente limitada y solo puede realizarse bajo una autorización federal específica y explícita. El hecho de que exista aprobación o participación extranjera no exime del cumplimiento de las leyes de Estados Unidos”, advirtió.

Fernández concluyó su declaración instando a las agencias federales competentes a llevar a cabo una revisión completa del caso, asegurar el cumplimiento de las sanciones vigentes y adoptar las medidas necesarias para impedir que empresas con base en Estados Unidos contribuyan, de forma directa o indirecta, al sostenimiento económico de un régimen que considera opresor.

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