Las quejas de Bruno Rodríguez Parrilla ya no parecen simple retórica diplomática, sino señales claras de nerviosismo. Primero fue la investigación anunciada por la ciudad de Hialeah contra casi 300 empresas con posibles vínculos comerciales con Cuba. Luego, el propio canciller salió a denunciar una supuesta “guerra económica” porque en Florida se revisan negocios que operan —según él— con licencias federales. Pero ahora el panorama se agrava para La Habana: no solo se investiga, también se están revocando permisos.

El recaudador de impuestos de Miami-Dade Dariel Fernández confirmó que dos licencias federales para exportar a Cuba fueron anuladas por el Departamento de Comercio tras detectarse violaciones a sus condiciones. Las empresas involucradas —Katapulk Marketplace LLC y Maravana Cargo Inc.— tenían permisos para exportaciones con fines humanitarios y límites específicos, que fueron incumplidos.

Ante esto, Fernández anunció que notificará directamente al presidente de Estados Unidos y al secretario de Estado por los riesgos de seguridad nacional asociados a estas operaciones.

Aquí es donde la queja de Bruno adquiere otro sentido. Ya no se trata solo de políticos locales “obstaculizando” el comercio, sino de agencias federales retirando autorizaciones por irregularidades concretas. Es decir, no es ideología: es cumplimiento de la ley. Y cuando las licencias caen, también cae una de las pocas vías de ingreso que el régimen cubano logra sostener mediante excepciones, intermediarios y esquemas poco transparentes.

La dictadura habla de libre empresa cuando le conviene, pero sigue siendo un sistema que controla importaciones, exportaciones, precios y divisas. No permite inversión real ni competencia interna, pero sí depende de empresas en el exterior para oxigenarse. Por eso cualquier auditoría, suspensión o investigación provoca reacciones tan teatrales desde el Ministerio de Relaciones Exteriores: el problema no es político, es financiero.

A esto se suma la presión política creciente en el sur de Florida. La comisionada de Miami-Dade pidió suspender todas las licencias federales relacionadas con Cuba hasta que existan auditorías completas y transparencia, y la ciudad de Miami aprobó crear un equipo especial para supervisar vínculos empresariales con el régimen. El mensaje es claro: ya no basta con tener un papel firmado; ahora se examina a quién beneficia realmente cada operación.

En este contexto, la “rabieta” diplomática de Bruno Rodríguez suena más a advertencia interna que a reclamo externo. Cada licencia revocada, cada contrato auditado y cada empresa investigada reduce el margen de maniobra económica de un gobierno que depende de captar divisas sin rendir cuentas. Y cuando ese margen se estrecha, el discurso se radicaliza, se apela al victimismo y se invoca al “pueblo”, aunque ese mismo pueblo no vea mejoras en su vida diaria.

Y es que lo que molesta en La Habana no es que Miami investigue, sino que las investigaciones estén teniendo consecuencias reales. Y eso, más que cualquier discurso, demuestra cuán preocupados están en el gobierno cubano con las nuevas medidas y el endurecimiento del control sobre los negocios que durante años les han servido de salvavidas.

Fuentes: Univisión Noticias - Cuba en Miami

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