El gobierno ruso ha intensificado su campaña para incorporar a estudiantes universitarios a la guerra en Ucrania, en un esfuerzo cada vez más directo por reforzar sus fuerzas militares, según una investigación difundida por CNN. El foco de la estrategia está en las aulas, donde el reclutamiento se ha convertido en una prioridad estatal.

De acuerdo con el reporte, universidades de distintas regiones de Rusia han sido escenario de una ofensiva coordinada que incluye carteles en pasillos, videos promocionales en redes sociales institucionales y reuniones privadas con estudiantes. El objetivo: convencer —o presionar— a jóvenes universitarios para firmar contratos con las nuevas unidades de drones del ejército ruso.

Estas unidades, conocidas como Fuerzas de Sistemas No Tripulados, fueron creadas en noviembre de 2024 específicamente para operaciones en el conflicto con Ucrania. Bajo una narrativa tecnológica y moderna, el Kremlin presenta la incorporación como una oportunidad profesional vinculada a la innovación militar, especialmente dirigida a jóvenes con experiencia en videojuegos y e-sports.

Algunos materiales promocionales difundidos en universidades, como la de Kazán o Volgogrado, utilizan un lenguaje adaptado a la cultura digital juvenil. En uno de los videos, se compara la operación de drones con videojuegos, mientras se sugiere que las habilidades adquiridas en el entretenimiento digital pueden tener aplicación directa en el campo de batalla.

El reclutamiento también incluye incentivos económicos significativos. Según los datos recopilados, se ofrecen bonificaciones estatales y regionales que pueden superar los 400.000 rublos, además de salarios anuales que, en algunos casos, alcanzan cifras elevadas para estándares locales. Sin embargo, expertos legales advierten que estas promesas pueden ocultar contratos militares de carácter indefinido y sin garantías claras para los reclutas.

El abogado militar Artem Klyga, citado en la investigación, sostiene que estos acuerdos no ofrecen condiciones especiales reales y que, en la práctica, los firmantes quedan sujetos a las órdenes del Ministerio de Defensa sin posibilidad de rescindir el contrato mientras continúe el estado de movilización.

Ese marco legal se basa en el decreto de movilización parcial firmado en 2022 por el presidente Vladímir Putin, el cual sigue vigente. Esto implica que los contratos militares firmados bajo ese régimen se mantienen activos hasta que la movilización sea oficialmente levantada.

Organizaciones de derechos humanos han ido más allá en sus advertencias. Activistas como Grigory Sverdlin señalan que, una vez firmado el contrato, los reclutas pueden ser reasignados sin control personal sobre su destino, describiendo la situación como una forma extrema de subordinación militar.

Además del incentivo económico y la propaganda, el reporte indica que también existirían mecanismos de presión dentro de las universidades. Estudiantes con asignaturas pendientes o en riesgo académico habrían sido convocados a reuniones donde se les plantea el servicio militar como alternativa a posibles sanciones o expulsiones.

El contexto de esta estrategia está marcado por las dificultades del ejército ruso para mantener el ritmo de reclutamiento frente a las bajas en el frente ucraniano. Informes occidentales señalan que las pérdidas militares superan en varios periodos recientes la incorporación de nuevos soldados.

Fuente: Infobae

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