El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto que permite al Estado asumir temporalmente la gestión de empresas privadas consideradas estratégicas cuando sus propietarios no adopten medidas suficientes para proteger instalaciones y trabajadores frente a ataques con drones.

La disposición entró en vigor de inmediato y abarca sectores considerados esenciales, entre ellos combustible y energía, industria, comunicaciones, servicios públicos, transporte y logística. También puede aplicarse a otras instalaciones que las autoridades consideren relevantes para la seguridad nacional, la estabilidad económica o la vida de la población.

Uno de los aspectos más controvertidos del decreto es que la intervención estatal puede ordenarse sin una decisión judicial previa. La medida se activa mediante una instrucción presidencial y contempla situaciones en las que una empresa no haya implementado medidas de protección, incumpla requisitos de seguridad o haya adoptado mecanismos considerados ineficaces.

Juristas y analistas rusos han expresado preocupación por el amplio alcance de la normativa. El analista político Abbas Gallyamov la calificó como una posible “nacionalización híbrida”, al considerar que podría utilizarse para retirar el control de compañías privadas bajo el argumento de que no fueron capaces de impedir daños provocados por ataques.

El abogado Andrei Grivtsov cuestionó también la amplitud de la definición de infraestructura crítica y señaló que el decreto no deja completamente claro quién determinará si las medidas de protección adoptadas por una empresa fueron suficientes.

Representantes empresariales consultados de forma anónima han advertido sobre el riesgo de que la normativa pueda ser utilizada en disputas corporativas o para facilitar el control estatal de activos importantes. El abogado Sergei Uchitel, por su parte, señaló que una gestión externa temporal supone que los propietarios pierdan capacidad para controlar las operaciones y tomar decisiones estratégicas.

El Gobierno ruso rechaza que la medida implique una nacionalización generalizada. El primer viceprimer ministro, Denis Manturov, aseguró que el mecanismo será aplicado de manera selectiva y que las decisiones se tomarán “al máximo nivel”.

La nueva normativa llega mientras Ucrania intensifica sus ataques con drones contra instalaciones energéticas, refinerías y centros logísticos dentro de territorio ruso. Cálculos citados por el Financial Times indican que las refinerías rusas fueron alcanzadas al menos 194 veces durante los primeros seis meses de 2026, una cifra muy superior a la registrada durante el mismo período del año anterior.

También han sido atacadas instalaciones de grandes empresas logísticas y de comercio electrónico, entre ellas Wildberries y Ozon, lo que ha incrementado la presión sobre compañías privadas para reforzar sus sistemas de protección.

Pocos días antes de la firma del decreto, el viceprimer ministro Alexander Novak había ordenado a las compañías petroleras revisar los calendarios de mantenimiento de sus refinerías, en medio de problemas relacionados con el suministro de combustible.

Con la nueva disposición, los retrasos en la reparación de instalaciones dañadas o la falta de medidas consideradas adecuadas para prevenir nuevos ataques podrían tener consecuencias directas para los propietarios de empresas estratégicas.

Fuente: Euronews

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