El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos presentó una propuesta para eliminar los permisos de trabajo a solicitantes de asilo si los tiempos de procesamiento de sus casos no superan los 180 días. La iniciativa busca reducir lo que el gobierno califica como solicitudes frívolas de asilo presentadas con el fin de obtener autorización laboral.

Según el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS), actualmente existen más de 1.4 millones de solicitudes de asilo afirmativas pendientes, un número que, según el gobierno, sobrecarga los recursos y representa “toda la población del estado de New Hampshire”. Ante esta situación, la propuesta estipula que las solicitudes de permisos de trabajo se pondrán en pausa cuando los casos de asilo no excedan el plazo de 180 días de procesamiento.

Un portavoz del DHS señaló que, “durante demasiado tiempo, una solicitud de asilo fraudulenta ha sido una vía fácil para trabajar en Estados Unidos, saturando nuestro sistema de inmigración con solicitudes sin fundamento”. El comunicado oficial agrega que la reforma busca “hacer cumplir las normas y reducir el retraso heredado de la administración anterior”, asegurando que los extranjeros no tienen derecho a trabajar mientras se procesa su solicitud de asilo.

La propuesta también contempla reforzar la investigación de antecedentes de los solicitantes, restaurando lo que el gobierno describe como la “integridad de los procesos de asilo y autorización de trabajo”. La medida permitiría concentrar los recursos limitados de USCIS en revisar casos atrasados y priorizar a quienes buscan refugio legítimamente.

Si se aprueba, la nueva norma reduciría el incentivo de presentar solicitudes fraudulentas o infundadas, al modificar los requisitos de elegibilidad para la autorización de empleo basada en una solicitud de asilo pendiente.

La propuesta será publicada en el Registro Federal, donde personas y organizaciones podrán presentar comentarios antes de que se convierta en regla definitiva. El DHS subraya que, aunque la norma busca agilizar el sistema, también permitirá focalizar los recursos en quienes realmente necesitan protección internacional.

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