Progresa entre los cubanos una petición de firmas de Amnistía Internacional que busca confirmar el apoyo a los ciudadanos de la isla que luchan por la libertad de expresión.

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De acuerdo con la web de Amnistía, la petición con las firmas serán enviada, al gobernante designado Miguel Díaz-Canel.

Este es el contenido de la petición:

El 11 de julio, miles de personas salieron a las calles en Cuba para protestar pacíficamente por la economía, la escasez de medicamentos, la respuesta al COVID-19 y las duras restricciones a la libertad de expresión y de reunión.

La respuesta de las autoridades fue desplegar a la policía y las fuerzas de seguridad para dispersar y detener a quienes se manifestaban. Al menos una persona murió en el marco de las protestas y cientos fueron detenidas, si bien la cifra real se desconoce, al igual que el paradero de varias de estas personas.

Algunas son presos y presas de conciencia; ni han utilizado ni defendido la violencia y han sido encarceladas por sus convicciones políticas, religiosas o de otro tipo. Es el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, artista del Movimiento San Isidro, un grupo que lleva tiempo oponiéndose a una ley que censura a los artistas. Fue detenido en La Habana, después de haber publicado un vídeo en el que afirmaba que iba a unirse a las protestas. Está recluido en la cárcel de Guanajay, pero los cargos contra él no están claros.

Más tiempo lleva detenida Thais Mailén Franco Benítez. Activista de derechos humanos, participó en protestas pacíficas en el mes de abril y fue detenida, acusada de “resistencia” y “desórdenes públicos”. Después de tenerla bajo custodia del Estado en un hospital por una caída sufrida en prisión, actualmente está recluida en la cárcel de El Guatao, en La Habana, donde su familia teme que no esté recibiendo tratamiento médico adecuado.

Los casos de Luis Manuel y Thais sólo son una minúscula fracción del número total de personas que están detenidas o enjuiciadas por expresar libremente sus opiniones o creencias, pero sirven para resaltar algunos de los patrones de abusos de las autoridades cubanas y la política de represión que ya aplicaban antes de las protestas del 11 de julio. El presidente, Miguel Díaz-Canel, debe garantizar que la gente en Cuba puede manifestarse pacíficamente sin represalias y tomar las medidas necesarias para atender las demandas sociales.

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