El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y la plataforma YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC) confirmaron este jueves el primer feminicidio verificado en la Isla en 2026. La víctima fue Magaly Aragón Aragón, enfermera de 59 años, cuya muerte ocurrió el pasado martes en el municipio de Jatibonico, provincia de Sancti Spíritus, en una zona asociada al campamento penitenciario Las Mulas, donde trabajaba.

En su pronunciamiento, ambas organizaciones subrayaron que el caso presenta indicios de violencia con componente sexual y señalaron que el presunto agresor tendría antecedentes de comportamiento violento. “Resaltamos y denunciamos el carácter sexual de la violencia que terminó con la vida de Magaly, y los antecedentes de violencia del agresor”, advirtieron en el mismo mensaje.

En declaraciones ofrecidas a Martí Noticias, la directora de OGAT, Ileana Álvarez, ubicó el hecho en un cañaveral cercano a la instalación penitenciaria. Según lo reportado, el principal sospechoso sería un recluso del correccional con internamiento Las Mulas, y fuentes internas habrían indicado que el caso se encuentra bajo investigación.

Con esta confirmación, OGAT y YSTCC actualizaron su balance hasta el 8 de enero: en lo que va de 2026 registran un feminicidio y un intento de feminicidio. Además, informaron que mantienen abiertos procesos de verificación sobre reportes del año anterior: “Estamos investigando 12 posibles feminicidios, cuatro intentos de feminicidio y un asesinato de hombre por motivos de género alertados en 2025”.

Los colectivos recordaron que su trabajo suele partir de alertas divulgadas fuera de los canales estatales y luego se confirma mediante redes comunitarias: “Estos hechos fueron publicados por medios de prensa, ciudadanía y activistas, y verificados con fuentes comunitarias por el esfuerzo conjunto de OGAT y YSTCC”.

Ambas plataformas se han convertido en los principales referentes independientes para dimensionar la violencia machista en Cuba, especialmente ante la falta de estadísticas públicas sistemáticas y la ausencia de una tipificación legal del feminicidio. Por ello, insisten en nombrar el problema como feminicidio y reclaman protocolos de registro transparentes y una ley integral contra la violencia de género.

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