Con siete votos a favor y dos en contra, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia comenzó una investigación formal contra el presidente de ese país Gustavo Petro, por presunto exceso de gastos permitido durante las dos vueltas electorales del año 2022. Durante más de cinco horas, los magistrados presentaron sus intervenciones y analizaron los hechos que han llevado a la formulación de cargos contra el mandatario izquierdista y también para su gerente de campaña, Ricardo Roa. La cantidad relacionada en este caso es una suma que ascendería a los 5 mil 355 millones de dólares. Esta investigación no implica una sanción inmediata para el mandatario colombiano. Según aclaró el presidente del CNE César Lorduy, el objetivo del proceso es determinar la veracidad de los hechos mencionados en el pliego de cargos.

“En ningún momento la competencia del CNE ataca, ni puede atacar el fuero del señor presidente. El fuero es respetado por este consejo y es competencia exclusiva de la Comisión de Acusación”, expresó Lorduy en una entrevista con la revista Semana.

En caso de que se encuentren pruebas suficientes, el CNE podría remitir el caso a la Comisión de Acusación, entidad encargada de investigar al presidente dentro de sus competencias. Por otro lado, si no se presentan pruebas concluyentes, el caso podría ser archivado o resolverse con una sanción económica.

El procedimiento actual es una continuación de una indagación preliminar que se inició hace varios meses, liderada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. Durante este tiempo, el citado consejo ha enfrentado diversas dificultades, como la desvinculación y posterior reincorporación del magistrado Altus Baquero y problemas de salud de otra magistrada.

Desde mayo pasado, la ponencia fue presentada a la Sala Plena del organismo y después de los contratiempos, finalmente se dio luz verde para continuar con el proceso investigativo. La decisión del CNE ha generado diversas reacciones en el escenario político colombiano. Algunos sectores han expresado preocupación por la apertura de la investigación, mientras que otros consideran que es parte de los mecanismos legales del país. Lorduy reiteró que no se trata de un golpe de Estado, sino de un procedimiento reglamentado que busca esclarecer los hechos de manera objetiva.

Ante esta situación, el mandatario emitió la siguiente declaración en la red social X: “Claro que el CNE no es competente para que yo deje el cargo, pero abrió la puerta al formular cargos de manera inconstitucional; es un prevaricato que busca el golpe parlamentario. No se me acusará de ningún delito, que no he cometido, se me hará un juicio por indignidad cuando no se ha sobrepasado ningún tope de la campaña. La estrategia la planteó explícitamente Néstor Humberto Martínez, copartidario del señor Lorduy y de Germán Vargas Lleras. Se trata de un golpe de Estado con pruebas falsas”.

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