Familiares de un joven identificado como Vladimir Pileta Calderín de 23 años han manifestado su preocupación por la situación de salud que enfrenta dentro del centro penitenciario conocido como Confianza, en Santiago de Cuba. Según el testimonio recibido, el recluso padece hepatitis y, hasta el momento, no habría sido trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

La denuncia señala que el joven presenta síntomas que requieren seguimiento clínico y evaluación por especialistas, ya que la hepatitis —dependiendo de su tipo y evolución— puede generar complicaciones hepáticas severas si no se trata de manera adecuada y oportuna. Sus allegados aseguran que la incertidumbre y la falta de información oficial han incrementado la angustia familiar.

Quien hizo llegar la información pidió mantener el anonimato por temor a posibles represalias. De acuerdo con su versión, la familia ha intentado obtener respuestas de las autoridades penitenciarias y sanitarias sin recibir confirmación concreta sobre el estado actual del interno ni sobre un posible traslado a un centro hospitalario.

La situación ha vuelto a poner sobre la mesa el debate acerca de la atención médica en centros de reclusión. Diversas organizaciones y expertos en derechos humanos han recordado en múltiples ocasiones que las personas privadas de libertad conservan su derecho a la salud, y que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar condiciones sanitarias adecuadas, acceso a medicamentos y traslado a hospitales cuando el cuadro clínico lo requiera.

No es la primera vez que surgen denuncias relacionadas con demoras en la atención médica dentro de prisiones cubanas. En años recientes, familiares de otros internos en distintas provincias han reportado dificultades para acceder a tratamientos especializados, escasez de medicamentos o retrasos en traslados hospitalarios ante enfermedades crónicas o infecciosas. Aunque cada caso posee características particulares, el patrón común suele ser la falta de información transparente hacia los familiares.

En el caso de Vladimir, sus allegados insisten en que lo único que solicitan es una evaluación médica completa y, de ser necesario, su traslado inmediato a un hospital provincial donde pueda recibir tratamiento adecuado. Temen que cualquier demora adicional agrave su condición.

Hasta el momento, no existe pronunciamiento oficial que confirme o desmienta la denuncia. Mientras tanto, la familia continúa esperando respuestas claras y medidas concretas que garanticen la atención médica del joven, con la esperanza de evitar consecuencias irreversibles.

Del perfil de Yosmany Mayeta

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