Las autoridades de Matanzas intensifican los controles en las carreteras de la provincia para detectar el traslado y uso ilegal de aceite dieléctrico, producto fundamental para el funcionamiento de los transformadores eléctricos y cuyo robo ha provocado importantes daños a la infraestructura energética.

Como parte de las medidas adoptadas, ya se encuentran en funcionamiento puntos de verificación en las vías matanceras, donde se revisan vehículos y se toman muestras de los productos transportados con el objetivo de identificar posibles irregularidades.

Los controles cuentan con personal especializado de los laboratorios de la Empresa Comercializadora de Combustibles, encargado de analizar las muestras y determinar si corresponden a sustancias utilizadas ilegalmente, según reportes de medios locales.

La medida busca frenar una actividad que, de acuerdo con las autoridades, ha adquirido especial gravedad en Matanzas. La provincia concentra más del 50 % de los robos de aceite dieléctrico registrados en el país y acumula cerca de un centenar de transformadores afectados.

Las pérdidas económicas también son considerables. Solamente la reposición de los transformadores dañados supera el medio millón de dólares, sin contar los perjuicios ocasionados por las interrupciones del servicio eléctrico.

El robo del aceite tiene consecuencias que van mucho más allá del valor del producto sustraído. El líquido dieléctrico cumple funciones esenciales dentro de los transformadores, pues actúa como aislante y refrigerante para evitar el sobrecalentamiento de estos equipos.

Cuando un transformador queda inutilizado por la pérdida o extracción de este componente, comunidades enteras pueden quedar expuestas a prolongados apagones. También resultan afectados servicios esenciales como el bombeo y suministro de agua, además de actividades productivas, particularmente en el sector agropecuario.

Las autoridades han advertido que las personas involucradas en el robo o comercialización ilegal del aceite dieléctrico pueden enfrentar el decomiso de los vehículos utilizados y penas de prisión. El delito ha sido considerado una forma de sabotaje debido al impacto que provoca sobre la infraestructura eléctrica y la población.

Tribunales cubanos han emitido recientemente condenas contra personas vinculadas con daños a la red eléctrica, mientras las autoridades insisten en que el Código Penal contempla severas sanciones para quienes destruyan, alteren o perjudiquen instalaciones relacionadas con la generación y distribución de energía.

Fuente: Granma

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