Una nueva normativa migratoria ya está generando preocupación entre miles de solicitantes de asilo en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) pusieron en vigor una serie de medidas que incluyen el cobro obligatorio de una tarifa anual para quienes mantienen solicitudes de asilo pendientes. Las autoridades advierten que el incumplimiento del pago podría derivar en el rechazo del caso, la pérdida del permiso de trabajo e incluso el inicio de un proceso de deportación para quienes no cuenten con un estatus migratorio legal.

El gobierno de Estados Unidos comenzó a aplicar oficialmente nuevos requisitos migratorios que afectan a miles de personas con solicitudes de asilo pendientes. Las medidas forman parte de la implementación de la Ley H.R. 1 de Reconciliación de 2025 y buscan aumentar los recursos destinados a las operaciones de control migratorio y a la gestión de servicios de inmigración.

Entre los cambios más significativos figura la entrada en vigor de la denominada Tarifa Anual de Asilo (AAF, por sus siglas en inglés), un pago obligatorio de 102 dólares que deberán realizar anualmente aquellos solicitantes cuyos casos permanezcan pendientes de resolución durante más de un año.

Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los afectados recibirán una notificación oficial y dispondrán de 30 días para efectuar el pago. La medida entró en vigor el 29 de mayo de 2026 y aplica tanto a solicitudes presentadas ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) como a casos que se encuentran bajo revisión en las cortes de inmigración.

Las consecuencias por no cumplir con este requisito son severas. USCIS rechazará las solicitudes de asilo pendientes de quienes no paguen la tarifa dentro del plazo establecido. Además, si la persona no posee un estatus migratorio legal en Estados Unidos, la agencia podrá iniciar un proceso formal de remoción o deportación.

La normativa también impacta directamente en los permisos de trabajo. USCIS denegará cualquier Formulario I-765 pendiente que dependa de una solicitud de asilo rechazada por falta de pago. Asimismo, quienes ya cuentan con autorización laboral basada en ese proceso podrían perder ese beneficio de manera inmediata.

Además de la nueva tarifa anual, la regulación incorpora otros cambios relevantes. USCIS conservará el dinero pagado por la presentación del Formulario I-589 incluso cuando la solicitud sea rechazada por errores o incumplimiento de requisitos. También se modifican las reglas para los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), limitando la vigencia de los permisos de trabajo a un año o al período restante de protección, según corresponda.

Las autoridades sostienen que estas medidas permitirán fortalecer la capacidad operativa del sistema migratorio. Sin embargo, organizaciones de defensa de inmigrantes han expresado preocupación por el impacto que podrían tener sobre personas con recursos económicos limitados y expedientes que permanecen pendientes durante años debido a la acumulación de casos.

Mientras continúa abierto el período para comentarios públicos hasta el 29 de junio, miles de solicitantes deberán adaptarse a las nuevas exigencias para evitar consecuencias que podrían comprometer su permanencia legal en Estados Unidos.

Fuente: U. S. Citizenship

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