Una reciente investigación del portal digital CubaNet ha revelado un entramado de operaciones que vinculan la importación de cemento desde Estados Unidos a Cuba con miembros de la familia de Raúl Castro, específicamente su nieta Lisa Titolo Castro, a través de empresas privadas que operan bajo el amparo del Estado cubano.

Según datos del Observatorio de la Complejidad Económica, en 2023 Cuba importó desde Estados Unidos unas 35 toneladas métricas de cemento —valoradas en poco menos de 6.000 dólares— una cantidad aparentemente insignificante, pero que adquiere un matiz político y económico al conocerse su destino.

La importación fue gestionada por la empresa de envíos Apacargo Express, con sede en Miami, reconocida por su estrecho vínculo con entidades cubanas como Transcargo, Aerovaradero y la Agencia Aduanal Palco, todas controladas por el conglomerado militar GAESA. Esta compañía habría facilitado la llegada del cemento a través de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZED), donde fue almacenado hasta su liberación por la Aduana General de la República en marzo de 2023.

Los documentos aduanales obtenidos por CubaNet indican que los envíos estaban dirigidos oficialmente a la Empresa Constructora Puerto Carena y a la Empresa Provincial de la Construcción de La Habana. Sin embargo, fuentes vinculadas al Gobierno provincial y a la Oficina del Historiador aseguran que el material se utilizó para remodelar locales y viviendas particulares asociadas a un proyecto privado en manos de la nieta de Raúl Castro y su pareja, Frank Camilo Yanes Maures.

Este emprendimiento, identificado como Gaia Mercado, surgió como un Proyecto de Desarrollo Local (PDL) y fue financiado inicialmente por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación en Cuba, y luego por la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial (PADIT), un mecanismo estatal controlado por el régimen para canalizar fondos internacionales.

A pesar de las sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) sobre Mariela Castro Espín y su padre, Raúl Castro, la nieta de ambos habría logrado beneficiarse indirectamente de recursos estadounidenses. Según la investigación, utilizar a la Oficina del Historiador como intermediaria habría sido una maniobra para sortear los controles del embargo, canalizando los fondos a través de terceros y evitando que los nombres de Lisa Titolo y su familia aparecieran en los registros oficiales.

CubaNet constató también que este cemento no llegó al mercado informal ni se utilizó en obras públicas visibles, lo que alimenta aún más las sospechas de que fue destinado exclusivamente a proyectos privados con respaldo institucional.

La conexión entre PADIT, los fondos suizos y el emprendimiento familiar quedó evidenciada en la Feria de Desarrollo Local celebrada en ExpoCuba en 2022, donde Lisa Titolo representó a Gaia como promotora de su negocio, días después de haber recibido la aprobación oficial como microempresa.

El caso, documentado con testimonios, registros y fuentes oficiales, expone una práctica reiterada del régimen cubano: disfrazar de “desarrollo local” iniciativas que terminan beneficiando a la élite gobernante. Mientras el país enfrenta una aguda escasez de cemento y materiales de construcción, algunos aprovechan su posición política y familiar para acceder a recursos extranjeros con fines privados.

La investigación completa fue publicada por CubaNet, medio independiente que continúa documentando las estructuras de privilegio en la Cuba actual.

(Ver investigación completa de Cubanet)

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