El nombre de Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía y Planificación de Cuba, vuelve a ocupar titulares dentro y fuera de la Isla. Tras su destitución el 2 de febrero de 2024, el que fuera uno de los hombres más cercanos a Miguel Díaz-Canel enfrenta ahora dos procesos judiciales distintos que podrían marcar un antes y un después en la élite del poder cubano.

El primero y más delicado de los juicios es por espionaje, una acusación que el propio régimen ha manejado con absoluto hermetismo. De acuerdo con fuentes digitales, la Fiscalía pide cadena perpetua para Gil Fernández, y todo apunta a que el proceso se celebrará a puerta cerrada ante el Tribunal Supremo Popular. Este hermetismo ha desatado una ola de especulaciones sobre las verdaderas causas del caso y sobre qué secretos del Estado pudo haber manejado el exministro durante su mandato.

El segundo proceso, más amplio y mediático, podría ser público. En él se le imputan delitos económicos como malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de dinero, falsificación de documentos, tráfico de influencias y violación de normas sobre información clasificada.

En este caso, la Fiscalía pide 30 años de privación de libertad, y junto a Gil estarían implicadas una veintena de personas, entre ellas, según informes de 14yMedio, un diputado y un primer secretario del Partido Comunista de Cuba.

Sin embargo, ni el Gobierno ni los medios oficialistas han revelado nombres ni cargos, manteniendo una opacidad total en torno a los coimputados.

Mientras tanto, María Victoria Gil Fernández, hermana del exministro y conocida presentadora de la televisión cubana, ha asegurado que su hermano “ha bajado 50 libras” y que espera que sea juzgado “antes de que termine el año”. En varias entrevistas, María Victoria ha defendido su inocencia y ha denunciado un trato cruel y humillante hacia su familia.

La caída de Gil Fernández no es un hecho aislado. Desde su destitución, varios altos funcionarios del PCC y del Gobierno han sido apartados de sus cargos en lo que muchos observadores interpretan como una purga interna. Entre febrero y abril de 2024 fueron sustituidos los primeros secretarios del partido en provincias clave como La Habana, Holguín, Matanzas y Las Tunas.

El escándalo de Alejandro Gil expone las tensiones y fracturas dentro del propio régimen. Su caso no solo pone en jaque la narrativa oficial de “unidad y transparencia”, sino que también evidencia la pugna por el control de los recursos y la información estratégica del Estado cubano.

A medida que se acerque la fecha de los juicios, crece la expectativa: ¿será Gil Fernández el chivo expiatorio de un sistema en crisis o el rostro visible de una corrupción que atraviesa las más altas esferas del poder?

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