Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, un ex piloto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR), podría enfrentar cargos legales en Estados Unidos tras su reciente llegada al país. González-Pardo es señalado por su participación en la operación que llevó al derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, un incidente en el que murieron cuatro personas en aguas internacionales.

Expertos legales de Miami, Nelson Rodríguez Varela, exfiscal, y Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América, han advertido que tanto el gobierno federal como las autoridades de Florida tienen las bases legales necesarias para procesarlo. Aunque González-Pardo no fue el responsable directo de disparar, su implicación en la misión lo convierte en cómplice de conspiración para cometer asesinato, según explicaron en una entrevista en América Tevé.

Rodríguez Varela y Felipe subrayaron que las leyes estadounidenses permiten el procesamiento de cualquier persona que haya participado en un crimen grave, sin importar si fue el ejecutor directo. En este caso, el piloto podría ser procesado bajo las leyes antiterroristas del estado de Florida o incluso a nivel federal.

El caso toma relevancia debido a la falta de un estatuto de limitaciones para los crímenes de asesinato, lo que abre la posibilidad de que González-Pardo enfrente juicio, pese a los años transcurridos desde el ataque. Los abogados también recordaron el caso de Gerardo Hernández, otro implicado en la operación, quien fue condenado a cadena perpetua antes de ser liberado en un intercambio diplomático en 2014.

Los familiares de las víctimas del derribo exigen que González-Pardo no sea deportado sin antes rendir cuentas ante la justicia estadounidense. Consideran que su testimonio podría proporcionar detalles clave para responsabilizar a altos mandos del gobierno cubano, incluidos Raúl Castro, por la operación.

Una conferencia de prensa sobre el caso está programada para el 24 de septiembre en el Museo de la Diáspora Cubana, donde se espera que líderes del exilio cubano y figuras políticas reclamen acciones contundentes para garantizar justicia.

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