El régimen de La Habana pide al menos ocho años de cárcel para un manifestante del 11 de julio, día que marcó el inicio del estallido social en Cuba.

Según denuncia el activista Marcel Valdés, el isleño estaba documentando la protesta y tras un incidente con la policía política fue arrestado y enviado a prisión.

Hoy, este padre de familia identificado como Cervantes Borges Chacón, quien tiene 33 años, permanece recluido en la prisión “Valle Grande”.

“Su nombre es Cervantes Borges Chacón, 33 años, del municipio Centro Habana, está preso tras las manifestaciones del 11 de Julio, él se encontraba filmando la manifestación mientras un policía lo agredió físicamente para quitarle su celular, tiene una bebé de 1 años y 10 meses, le quieren imponer una condena de 8 años de prisión, en estos momentos se encuentra en la prisión “Valle Grande”, dijo Valdés.

En el último año, el número de presos políticos en Cuba ha ascendido a 525, de acuerdo con la denuncia de Prisioners Defenders.

Esta cifra se convierte en un récord histórico para el país, tal y como informa la ONG a través de un informe sobre la represión política de la isla.

Prisioners Defenders vela por los derechos humanos y defiende la democracia. El Parlamento Europeo, Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Congreso de Washington o el Departamento de Estado de Estados Unidos son algunas de las muchas instituciones que utilizan los informes de la ONG.

De igual modo, es un referente en medios de comunicación como ABC, Le Monde, Le Figaro, The New York Times o The Washington Post.

“En los últimos 12 meses han formado parte de la lista de Prisioners Defenders 525 presos y condenados políticos en Cuba. Octubre de 2020 comenzó con 138 presos y condenados. Desde entonces, hasta el final de septiembre de 2021 han ingresado 387 nuevos casos”, indica la institución.

En tanto añade que de estos detenidos, 288 casos fueron arrestados tras la ola represiva que surgió después de las protestas que iniciaron a mediados de julio a lo largo y ancho de la nación.

Sin embargo, Prisioners Defenders advierte que es “imposible abarcar todos los casos entre la población”, de ahí que este número podría ser incluso mayor.

“En los casos del 11-J en Cuba nos encontramos que obtener documentación es una excepción. En los juicios sumarios ésta no existe, pues la sentencia es oral y así lo explicita la Ley”, argumenta Prisioners Defenders.

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