La acusación popular ha solicitado 24 años de prisión para Begoña Gómez, en el marco del proceso judicial en su contra por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

El escrito, presentado este lunes por la organización Hazte Oír, fue remitido de cara al juicio que se celebrará ante un jurado popular. Según la acusación, Gómez habría utilizado su posición como esposa del presidente del Gobierno para influir en decisiones públicas y obtener beneficios en el ámbito privado y universitario.

Además de la pena principal, la acusación popular también solicita 22 años de cárcel para Cristina Álvarez, asistente de Gómez, y seis años para el empresario Juan Carlos Barrabés, a quienes señalan por haberse beneficiado presuntamente de contratos con la administración pública.

Uno de los puntos más llamativos del documento es la petición para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declare como testigo durante el juicio. La organización argumenta que su comparecencia es relevante debido a su relación directa con la acusada y al supuesto uso del entorno de La Moncloa como espacio de influencia en los hechos investigados.

El escrito también incluye la solicitud de medidas cautelares contra Gómez. Entre ellas, la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional sin autorización judicial y la obligación de comparecer periódicamente ante el tribunal, concretamente cada quince días. Estas medidas se fundamentan en lo que la acusación considera un “riesgo evidente de fuga”.

Asimismo, se plantea la imposición de una fianza para asegurar eventuales responsabilidades económicas derivadas del proceso, aunque no se especifica la cuantía de la misma.

La acusación popular sostiene que la investigación, dirigida por el juez Juan Carlos Peinado, ha reunido indicios suficientes para sostener que Gómez se valió de su posición institucional para intervenir en decisiones que derivaron en beneficios económicos y profesionales.

El caso, que ha generado una fuerte repercusión política y mediática en España, avanza ahora hacia la fase de juicio oral, donde un jurado popular será el encargado de valorar las pruebas y determinar la responsabilidad de los acusados. Mientras tanto, la petición de la acusación marca un escenario judicial de alta tensión en torno al entorno más cercano del Ejecutivo español.

Fuente: Antena 3

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