La Fiscalía Provincial de Granma solicita penas de entre cinco y diez años de cárcel para cuatro cubanos, acusados de presunta propaganda contra el orden constitucional y desórdenes públicos. Según una investigación publicada por el medio independiente elTOQUE, el expediente incluye videos críticos del Gobierno, comunicaciones en grupos de WhatsApp y recargas telefónicas como elementos de la acusación. Las peticiones corresponden a un documento fechado en julio de 2026 y no constituyen condenas judiciales.

La Fiscalía Provincial de Granma solicita diez años de prisión para Ariel Eugenio Arzuaga Peña, nueve para su esposa, Yaquelín García Jaén, siete para Daniel Barrios Figueredo y cinco para Yoalis Mayelin Figueredo Carbonell, de acuerdo con las conclusiones provisionales del Expediente de Fase Preparatoria 45/2025, consultadas por el medio independiente elTOQUE.

Los cuatro enfrentan cargos por presunta «propaganda contra el orden constitucional» y «desórdenes públicos». La acusación también les atribuye supuestos vínculos con Cuba Primero, una organización opositora fundada en Miami e incluida por las autoridades cubanas en su lista de presuntas organizaciones terroristas. Estos señalamientos forman parte del expediente y deberán ser examinados judicialmente.

Entre los elementos utilizados por la Fiscalía figuran grabaciones difundidas en redes sociales, mensajes intercambiados en grupos de WhatsApp y videos relacionados con una protesta ocurrida en Bayamo en noviembre de 2024.

Uno de los materiales señalados es una grabación de Arzuaga Peña, realizada el 23 de octubre de ese año, en la que cuestionaba el hambre, la escasez de alimentos, los apagones y las dificultades para acceder al agua, además de llamar a la población a unirse para reclamar cambios políticos.

Según el análisis de elTOQUE, las expresiones recogidas en el documento constituyen críticas al Gobierno y llamamientos a la unidad, sin instrucciones concretas para cometer actos violentos. La investigación tampoco identifica actos de violencia o daños materiales atribuidos a los cuatro acusados en las páginas del expediente examinadas.

En el caso de Barrios Figueredo, la Fiscalía incluye el envío de videos de una manifestación y dos recargas de saldo telefónico recibidas en octubre y noviembre de 2024, que presenta como elementos de una supuesta financiación desde el exterior. Su familia sostiene que asistió como espectador a una protesta y que fue detenido después de acudir a una citación policial.

Tres de los acusados fueron arrestados en noviembre de 2024: Barrios el día 6, García Jaén el 8 y Arzuaga el 27. Según elTOQUE, permanecían en prisión provisional cuando se publicó la investigación. La situación procesal de Figueredo Carbonell no queda clara en la documentación revisada.

La Fiscalía solicita que el caso pase a juicio oral ante la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba. No se ha identificado una fecha para la vista.

Las peticiones de condena reabren el debate sobre el tratamiento penal de la expresión política en Cuba. Por el momento, los cuatro acusados mantienen la presunción de inocencia y las penas solicitadas no equivalen a sentencias firmes.

Fuente: El Toque

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