En su afán por mostrar avances tecnológicos y sostenibilidad, el régimen cubano ha comenzado a promocionar intensamente los llamados parques solares fotovoltaicos. Con discursos que apelan al futuro, la juventud y la independencia energética, se presentan estas instalaciones como soluciones definitivas a los problemas crónicos del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, cuando se analiza con detenimiento el costo real de estas infraestructuras, surgen dudas sobre sus verdaderas prioridades y su impacto a largo plazo.

Cada parque solar —según cifras oficiales— puede generar hasta 21.8 megavatios (MW) de energía y requiere alrededor de 32 hectáreas de terreno para su operación, incluyendo los paneles solares y la infraestructura auxiliar.

En total, se estima que para alcanzar una capacidad nacional de 2 mil MW serían necesarias 2 mil 880 hectáreas de suelo. El gobierno minimiza este uso, asegurando que representa solo el 0.026% del total del territorio nacional o el 0.043% del área cultivable disponible en Cuba, que ronda los 11 millones de hectáreas.

No obstante, este argumento no resiste una mirada crítica en el contexto actual del país. En medio de una crisis alimentaria que se agrava cada año, cada hectárea de tierra que se dedica a otra cosa que no sea producir alimentos es una decisión estratégica de alto costo social.

Aunque porcentualmente parezca poco, en la práctica se está destinando suelo fértil —que escasea más por falta de insumos y gestión que por cantidad— a proyectos energéticos cuyo beneficio directo para la población sigue sin demostrarse de forma clara y constante.

Además, las cifras alegres sobre la cantidad de familias beneficiadas por cada parque (unas 11 mil por instalación) contrastan con la realidad cotidiana de apagones, inestabilidad del servicio y falta de mantenimiento de la infraestructura energética existente.

Más aún, buena parte de la energía generada, según admiten las propias fuentes oficiales, se destina al riego y bombeo de agua para el campo, lo que no garantiza ni eficiencia energética ni impacto real en la producción agrícola.

La narrativa oficial en torno a estos proyectos no solo maquilla sus costos sociales, sino que utiliza la imagen de la juventud como herramienta propagandística. Se enarbola el ejemplo del Parque Solar "Juan Pérez II" en Granma, como símbolo del compromiso juvenil, mientras en realidad se emplea mano de obra barata para levantar una infraestructura que sigue sin resolver los problemas de fondo: ni la falta de alimentos ni el colapso energético.

Los parques solares pueden formar parte de una estrategia energética a largo plazo, pero en las condiciones actuales de Cuba, su promoción desmedida y sin debate abierto parece más una operación cosmética que una solución real. Se apuesta por la energía limpia mientras se abandona la comida en los platos.

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