El 7 de agosto, la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Matanzas celebró un juicio oral y público contra dos exfuncionarias de la Dirección Municipal de Vivienda en Cárdenas, acusadas de falsificación de documentos y malversación de fondos estatales.

Las procesadas, identificadas como exdirectora e exinversionista de la entidad, fueron señaladas por irregularidades en un contrato con un trabajador por cuenta propia (TCP) para la rehabilitación de edificios multifamiliares. Según la investigación, el acuerdo se firmó sin pasar por el Comité de Contratación, sin licitación previa y omitiendo cláusulas esenciales como el objeto de la obra, términos de garantía, cronograma y responsables de ejecución.

El contrato asignaba al TCP el reforzamiento estructural del llamado “edificio del Transporte”, en el Reparto 13 de Marzo, inmueble con graves daños. Sin embargo, no se realizó ninguna reparación y el edificio continúa deteriorado. A pesar de ello, la exdirectora autorizó el pago como si las labores se hubieran cumplido.

La exinversionista, encargada de verificar la calidad de la obra, no revisó el expediente técnico ni inspeccionó el lugar, pero certificó la ejecución de trabajos inexistentes. Esta certificación permitió que se aceptara y pagara una factura de 531 486,19 pesos emitida por el TCP.

El tribunal determinó que ambas incurrieron en malversación, con base en el Artículo 297, apartados 1, 2 y 6 del Código Penal. La exdirectora fue considerada autora y recibió una condena de cinco años de privación de libertad. La exinversionista, calificada como partícipe, recibió cuatro años, con la posibilidad de cumplir la pena mediante trabajo correccional sin internamiento.

Además, se les prohibió ejercer cualquier profesión o cargo que implique la administración o control de recursos materiales y financieros.

Durante el proceso, familiares de las acusadas devolvieron íntegramente el dinero defraudado, lo que evitó una afectación patrimonial permanente a la entidad. Las autoridades destacaron que se respetaron las garantías procesales y derechos de las imputadas conforme a la Constitución y la Ley del Proceso Penal.

El fallo fue emitido de manera inmediata. El presidente del tribunal subrayó la gravedad social de los hechos, señalando que representaban un uso indebido de recursos estatales en un contexto de limitaciones económicas.

Las condenadas y la Fiscalía tienen derecho a interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular una vez recibida la sentencia escrita, prevista para el 4 de septiembre.

Recomendado para ti