Wilmer Aguilar, padre del preso político Walnier Luis Aguilar Rivera, denunció este miércoles una nueva serie de abusos y represalias contra su hijo, actualmente recluido en una prisión de Sancti Spíritus, adonde fue trasladado recientemente pese a no tener vínculos familiares ni causa judicial en esa provincia.

A través de una transmisión en Facebook, visiblemente afectado, Aguilar acusó a las autoridades penitenciarias de presionar a su hijo para que firmara documentos contra su voluntad, aun cuando el joven padece una lesión cerebral con retraso mental diagnosticado.

“Mi hijo tiene retraso mental, una lesión en el cerebro, a más de cuatro años de esta injusticia y lo obligan a firmar un documento”, afirmó.

El padre aseguró que el traslado tiene como único objetivo aislarlo de su familia y debilitarlo psicológicamente. “Mi hijo no conoce a nadie en esa provincia ni tiene causa allí, se lo llevaron solo para que estuviera lejos de su papá”, denunció.

Aguilar advirtió además que las autoridades buscan quebrar la voluntad del joven y aseguró que responderá públicamente si su hijo decide protestar dentro de la prisión.

“Si mi hijo se planta, me planto yo en 15 y K”, dijo, en referencia a la sede del Consejo de Estado en El Vedado.

En su mensaje, sostuvo que el régimen estaría tomando represalias contra los presos políticos del 11 de julio de 2021, especialmente contra los más vulnerables.

“Se están desquitando con el pueblo por todo lo que les ha salido mal… y contra un muchacho que no ha hecho nada”, expresó.

Recordó que, como tutor legal, solo él está autorizado a firmar documentos en nombre de su hijo:

“Los papeles de él los firmo yo. No tienen que obligarlo, porque tiene una lesión en el cerebro”.

Aguilar también denunció hostigamiento policial, al relatar que el 1 de enero una patrulla permaneció frente a su vivienda mientras compartía con su familia, lo que interpretó como un acto de intimidación.

Walnier Luis Aguilar, de 24 años, fue condenado por su participación en las protestas del 11J en La Habana. Su caso ha sido documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas cautelares a su familia en 2025.

En noviembre pasado, la Embajada de Estados Unidos en Cuba exigió su liberación inmediata. Organizaciones como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos han denunciado estos traslados como un método de castigo para aislar y desgastar a los presos políticos.

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