Un médico cubano asegura haber sido presionado por la Seguridad del Estado debido al activismo de sus hijos, denunciando amenazas directas, pérdida de empleo y limitaciones a su libertad de movimiento en un caso que se suma a otras acusaciones recientes contra el colectivo Fuera de la Caja Cuba.

El médico cubano Amílcar Andrés Bravo ha denunciado públicamente una serie de presuntas represalias por parte de la Seguridad del Estado que incluyen amenazas contra su familia, la pérdida de su empleo y la prohibición de salida del país. Según su testimonio, los hechos ocurrieron tras la actividad política de sus hijos, quienes forman parte del colectivo opositor Fuera de la Caja Cuba.

Bravo relató que el 10 de marzo fue visitado sin previo aviso por agentes en su centro laboral, el Centro de Investigaciones del Deporte Cubano (CIDC). Durante ese encuentro, afirmó que los oficiales “comenzaron amenazando con meter presos a mis hijos si seguían con los videos, y que yo debía evitar que ellos lo siguieran haciendo”. Sin embargo, el médico rechazó colaborar con las exigencias: “No podía impedir que lo siguieran haciendo porque yo pienso exactamente igual que ellos, los apoyo en todo lo que hacen y me siento orgulloso de ellos”.

El profesional también denunció que los agentes intentaron desacreditar a sus hijos y su entorno, mostrándole imágenes junto a otros activistas y calificándolos como “mala influencia” y “contrarrevolucionarios”, entre ellos,  Ana Sofía Benítez Silvente (Anna Bensi), su madre Caridad Silvente, David Espinosa, Iván Daniel y la periodista Camila Acosta.

Ante la presión, Bravo aseguró haber respondido con firmeza: “Si lo hacían yo no lo iba a permitir y tendrían que pasar por encima de mí primero”.

Tras el incidente, el médico decidió presentar su renuncia para evitar consecuencias mayores en su centro de trabajo. Posteriormente, confirmó que había sido “regulado”, término utilizado en Cuba para describir la prohibición de salida del país. La medida, según explicó, ya le había sido advertida por los agentes.

El impacto económico también fue significativo. Bravo señaló que perdió un salario mensual de 6,000 pesos cubanos, equivalente a unos 11 dólares, destacando la precariedad del ingreso incluso antes de perderlo: “Ese es el salario de un médico con dos especialidades y una maestría que alcanza para hacer un mercado para cuatro a cinco días; eso me quitaron”.

Además del perjuicio personal, el médico criticó el uso de su caso como herramienta de intimidación contra otros jóvenes activistas. “Estos hechos son utilizados en entrevistas a los jóvenes como intimidación… actitud que me parece de extrema bajeza [...] pero por sobre todas las cosas es un ACTO DE COBARDÍA”, denunció.

Este caso se suma a otras denuncias recientes vinculadas al colectivo Fuera de la Caja Cuba, cuyos integrantes han reportado presiones similares. Entre ellas, se incluyen la interrupción de servicios de telecomunicaciones por parte de Etecsa, citaciones policiales a familiares por la Policía Nacional Revolucionaria y arrestos domiciliarios de algunos miembros.

Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han documentado estos incidentes y han solicitado el cese del hostigamiento contra activistas y sus familias. En ese contexto, Bravo concluyó su testimonio reafirmando su postura personal: “Mi resistencia no es creativa, es Estoica”.

Fuente: Publicación de Amilcar Andrés Bravo

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