El viceprimer ministro cubano y titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, reconoció públicamente que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel no puede explicar de manera abierta todos los detalles relacionados con la actual crisis de combustible que atraviesa el país. Las declaraciones se produjeron durante una intervención en el programa oficial Mesa Redonda, en medio de un escenario marcado por apagones prolongados, restricciones al transporte y afectaciones a servicios básicos.

Según explicó el funcionario, Cuba se encuentra bajo una observación constante por parte de actores externos, lo que, a su juicio, obliga al Ejecutivo a manejar con cautela la información relacionada con la llegada de cargamentos de petróleo. “Hay cosas que no se pueden estar explicando públicamente”, afirmó, al señalar que cada barco y cada suministro de combustible que arriba a la Isla es monitoreado y difundido en redes sociales y plataformas digitales.

Pérez-Oliva Fraga indicó que durante el mes de febrero han coincidido varios factores que han generado una “situación compleja”, lo que ha llevado al Gobierno a adoptar un conjunto de medidas orientadas —según dijo— a preservar la actividad económica esencial y garantizar servicios considerados prioritarios. Sin embargo, evitó precisar el alcance real de la crisis, la duración prevista de las medidas, su impacto concreto en la población o las perspectivas de recuperación a corto y mediano plazo.

Aunque el viceprimer ministro sostuvo que el objetivo del Gobierno es “informar al pueblo” y minimizar los efectos de la crisis, el espacio televisivo dejó claro que la información ofrecida se encuentra sujeta a límites definidos por el propio Estado, que decide qué datos divulgar y cuáles mantener bajo reserva por razones de seguridad.

Este enfoque se inscribe en una práctica histórica del sistema político cubano, caracterizada por una gestión centralizada de la información, especialmente en contextos de crisis. Desde los primeros años del proceso revolucionario, el Gobierno ha recurrido con frecuencia a argumentos vinculados a la presión externa, el embargo estadounidense y la vigilancia internacional para justificar restricciones informativas y la toma de decisiones sin supervisión pública.

Durante su intervención, Pérez-Oliva Fraga también llamó a fortalecer el uso de recursos a nivel provincial y municipal, trasladando parte de la responsabilidad de la gestión de la crisis a los territorios. No obstante, este llamado se produce en un contexto en el que las autoridades locales carecen de autonomía real y de acceso pleno a la información estratégica.

Mientras millones de cubanos enfrentan apagones de larga duración, escasez de alimentos y limitaciones severas en la movilidad, el discurso oficial continúa apoyándose en la necesidad de administrar la información de forma controlada. La intervención del viceprimer ministro confirma que, en el momento más delicado de los últimos años, el Gobierno cubano mantiene el secretismo como un elemento central de su forma de gobernar, priorizando la gestión del relato sobre la transparencia plena hacia la ciudadanía.

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