Una jueza de inmigración ordenó este lunes la liberación de Bruna Caroline Ferreira, una ciudadana brasileña detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a comienzos de noviembre en Revere, Massachusetts. El caso, que en un principio parecía uno más dentro del creciente número de detenciones migratorias bajo el gobierno de Donald Trump, adquirió notoriedad al conocerse que Ferreira mantiene un vínculo familiar con la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Ferreira, quien se encontraba recluida en un centro de detención en Luisiana, obtuvo su liberación mediante el pago de una fianza mínima de 1.500 dólares, según explicó su abogado, Todd Pomerleau. El defensor sostuvo que su clienta está en proceso de obtener la residencia permanente y que previamente contó con estatus DACA, por lo que no encaja en la categoría de “extranjera ilegal criminal” señalada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Durante la audiencia, Pomerleau argumentó que Ferreira no representa un riesgo de fuga y que no tiene un historial delictivo que justifique una detención prolongada. De acuerdo con el abogado, la brasileña podría ser liberada entre el lunes y el martes, una vez cumplidos los procedimientos administrativos.

Aunque su caso es similar al de miles de inmigrantes brasileños arrestados en los últimos meses por las políticas más estrictas implementadas en el segundo mandato de Trump, la detención llamó la atención pública debido a su cercanía familiar con Leavitt. Ferreira es madre de un sobrino de 11 años de la secretaria de Prensa y mantuvo una relación con el hermano de esta, Michael Leavitt.

ICE había justificado su detención alegando que Ferreira permanecía en el país de manera irregular tras ingresar con una visa de turista B2, la cual exigía su salida de Estados Unidos el 6 de junio de 1999. El DHS indicó además que la detenida tenía un antecedente de agresión, lo que habría contribuido a su clasificación como prioridad de deportación.

“Bajo el mandato del presidente Trump y de la secretaria Noem, todas las personas en situación migratoria irregular están sujetas a deportación”, señaló en su momento un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, reafirmando la postura estricta del gobierno frente a los inmigrantes considerados fuera de estatus.

Aun así, la decisión judicial marca una excepción dentro de un contexto general de endurecimiento migratorio. En los últimos meses, ICE ha incrementado significativamente el número de detenciones de inmigrantes sin historial penal, lo que ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos y de la comunidad migrante.

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