Río de Janeiro vivió una de las jornadas más sangrientas de su historia reciente tras una operación policial masiva contra bandas criminales que dejó al menos 132 muertos, entre ellos cuatro agentes. La cifra fue confirmada por la Defensoría Pública regional, que denunció la magnitud de la violencia y pidió una investigación independiente sobre lo ocurrido.

La operación, considerada la más letal registrada en la ciudad, se llevó a cabo en los complejos de favelas da Penha y do Alemão, zonas dominadas por el Comando Vermelho, una de las facciones delictivas más poderosas de Brasil. Según las autoridades, el objetivo era ejecutar más de 100 órdenes de prisión contra líderes y miembros de la organización.

Durante el despliegue, que contó con 2.500 agentes, vehículos blindados y drones de reconocimiento, las fuerzas policiales enfrentaron una feroz resistencia. Los criminales respondieron con armas de alto calibre, provocando enfrentamientos prolongados y un caos que paralizó gran parte de la zona norte de Río.

Vecinos de las comunidades afectadas denunciaron escenas de horror y desesperación. Más de 60 cuerpos fueron rescatados por los propios residentes y colocados uno al lado del otro en una plaza del barrio da Penha, mientras familiares buscaban a sus seres queridos entre los escombros y las calles llenas de casquillos de bala.

“Estamos ante un episodio sin precedentes de violencia estatal”, declaró la Defensoría Pública, que acompaña las búsquedas en los barrios afectados y en los institutos forenses encargados de la identificación de las víctimas. El organismo también recopiló testimonios de testigos y familiares para exigir “una respuesta institucional urgente ante la tragedia”.

El gobernador Cláudio Castro ofreció una versión más contenida, al afirmar que hasta el momento “se contabilizan 58 muertos”, aunque admitió que el número “seguro aumentará”. En conferencia de prensa, defendió el accionar policial y sostuvo que “la operación fue necesaria para enfrentar al crimen organizado”.

El Gobierno regional señaló que los sospechosos fueron abatidos al “reaccionar” contra las fuerzas de seguridad. En el operativo se incautaron 93 fusiles, media tonelada de drogas y se detuvo a 81 personas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y colectivos vecinales acusan a la policía de actuar con uso excesivo de la fuerza y de ejecutar a presuntos delincuentes sin juicio.

El martes, los enfrentamientos provocaron bloqueos en las principales vías, suspensión del transporte público y cierre de escuelas y centros de salud. Aunque este miércoles la ciudad amaneció sin nuevos disturbios, el ambiente sigue siendo tenso, y muchos comercios permanecen cerrados por miedo a nuevos choques.

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