A casi un año de las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021, las ONG independientes Cubalex y Justicia 11J informaron este jueves que han logrado documentar las sentencias contra 584 manifestantes de un total de 622 procesados en Cuba, informó la agencia española Efe.

Según el informe "Un año sin justicia: patrones de violencia estatal contra manifestantes del 11J", de las 1484 personas detenidas, 701 personas permanecen entre rejas.

"La mayor parte de las detenciones ocurrieron el propio domingo 11 de julio, con un total de 542 (36%). Los días entre el lunes 12 y el viernes 17 de julio –en que continuaron las protestas– fueron apresadas otras 327 personas (22%), algunas en contextos de protestas, como las que asistieron a las manifestaciones en la barriada habanera La Güinera".

A partir del día 17, y hasta el 25 de agosto continuaron las detenciones. Con posterioridad, entre septiembre y diciembre, y en abril, hemos documentado detenciones de cinco personas que fueron conducidas a prisión después de esperar juicio sin haber sido detenidas durante las protestas. De otras 510 personas (34%) no hemos recibido el reporte de su fecha de detención.

"Al cierre del informe, 701 personas permanecen en detención hasta el último reporte recibido, estando verificados 658 de estos casos: 632 son hombres, 64 son mujeres, y la identidad de género de 5 personas es no binaria o se desconoce; 231 son de piel blanca, 208 son personas negras o mestizas, y se desconoce el perfil racial de 262; cinco son menores de 18 años y nueve son mayores de 60 años. Las edades de las personas aún detenidas oscilan entre los 12 y los 68 años", señaló el documento de 43 páginas.

"La protesta del 11 de julio ha sido la única de su tipo a lo largo de la llamada Revolución en el poder (1959–2022). Desde 1959 hasta entonces, solo es posible destacar dos grandes eventos de protesta pública, más no de igual magnitud: uno acontecido en abril de 1980, cuando cerca de 10 800 cubanos se asilaron en la sede diplomática de Perú, en La Habana, luego de que una guagua derrumbara el cerco de protección del edificio; el otro, en agosto de 1994, recordado como el Maleconazo, entendido como 'la primera manifestación anticastrista en 35 años'. De ambos acontecimientos resultó la apertura de vías de escape para la migración irregular por mar", señaló.

Cubalex y Justicia 11J pidieron a la comunidad internacional que "realicen condenas enérgicas contra la violencia y la represión extremas desplegadas en Cuba. Rechazo a la acción de órganos represivos y a la aplicación de normativas jurídicas que restringen el ejercicio de derechos fundamentales, entre ellos, de manera fundamental, el Nuevo Código Penal, aprobado en abril".

También promover la petición de libertad urgente para los presos políticos en Cuba, documentados por ONGs como Justicia 11J, Cubalex, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Prisoners

Defenders; así como "garantizar mecanismos de acceso a estatus de protección internacional para las personas perseguidas por manifestarse públicamente en Cuba en ejercicio de su libertad de expresión y asociación, con la intención de preservar su integridad y prevenir los riesgos de la emigración por vías irregulares".

Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, dijo que el texto "rescata los patrones que durante muchos años las organizaciones de derechos humanos hemos documentado". Las acciones del Gobierno forman "parte de una política sistemática y generalizada de represión que en los últimos años", apuntó Efe.

Juan Pappier, investigador sénior de Human Rights Watch (HRW), afirmó que el informe es el "trabajo más exhaustivo" que se ha hecho sobre las detenciones tras el 11J. "Esto tiene que ser una alerta a la comunidad internacional sobre las graves violaciones de los derechos humanos (en Cuba)".

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