La represión contra opositores, activistas, periodistas independientes y ciudadanos que cuestionan al régimen cubano dejó al menos 387 acciones represivas durante octubre, entre ellas 30 detenciones arbitrarias y 357 abusos de distinta naturaleza, según un informe divulgado este viernes.

El documento del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) advierte sobre el incremento de las prácticas intimidatorias de las autoridades y señala que octubre podría haber sido el preludio de una nueva escalada represiva durante noviembre.

Entre los hechos registrados figuran 145 operativos de vigilancia y cercos policiales para impedir que activistas y opositores salieran de sus viviendas, 73 denuncias relacionadas con presos políticos, sus familiares y otros reclusos, además de amenazas, citaciones policiales, hostigamientos y procesos judiciales.

La Habana, Matanzas y Villa Clara fueron las provincias más afectadas por estas prácticas.

El informe recoge detenciones de opositores, expresos políticos, periodistas independientes, líderes religiosos y ciudadanos que ejercieron su derecho a la protesta pacífica. Entre los afectados aparecen los expresos políticos Alexander Díaz Rodríguez y Guillermo «Coco» Fariñas Hernández, así como los activistas Mario Alberto Hernández Leyva y José Antonio Riquenes Rodríguez.

También fueron arrestados manifestantes del 11 de julio de 2021, como Abdiel Cedeño Martínez y Dairon Yunior Labrada Linares, cuando cumplían con las obligaciones de presentación impuestas tras su excarcelación.

La situación de los presos políticos constituye otro de los aspectos más preocupantes del documento. Durante octubre se contabilizaron al menos 63 abusos en centros penitenciarios, incluidos golpes, aislamiento en celdas de castigo, amenazas, restricciones de comunicación con familiares y negación de asistencia médica y medicamentos.

Entre los casos mencionados figuran los de Carlos Alain Abrahantes Valdés, Ediolvis Marín Mora y Virgilio Mantilla Arango, quienes denunciaron castigos, incomunicación y falta de atención médica en prisiones de Camagüey.

Asimismo, varios reclusos recurrieron a huelgas de hambre para protestar por las condiciones de encarcelamiento y las restricciones impuestas por las autoridades.

El documento también identifica al menos 35 personas imputadas en cuatro procesos judiciales durante octubre, con solicitudes de sanciones que incluyen penas de prisión y limitación de libertad.

Entre los casos destaca la petición de hasta diez años de cárcel contra cuatro ciudadanos de Granma por hechos relacionados con la difusión de contenidos críticos en redes sociales, conversaciones privadas y recargas telefónicas.

En Ciego de Ávila, la Fiscalía solicitó hasta 13 años de prisión contra participantes en las protestas del 13 de marzo de 2026 en Morón. También se pidieron condenas de hasta cinco años contra nueve ciudadanos procesados por la protesta popular ocurrida en Bayamo en mayo de 2025.

El OCDH sostiene que el aumento de la represión busca intimidar a la población, presionar a Estados Unidos y la Unión Europea y forzar la salida del país de activistas y opositores, sin que esas prácticas puedan resolver la profunda crisis estructural que atraviesa Cuba.

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